La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, hizo un llamado al Gobierno central para que intervenga de manera inmediata en la comunidad de La Ceiba, con el fin de prevenir nuevos accidentes de tránsito, como el ocurrido en días pasados que dejó varias víctimas fatales. Aristy subrayó que es urgente tomar medidas que garanticen mayor seguridad vial y un transporte ordenado, debido al alto flujo de vehículos y la creciente preocupación de los residentes de la zona.

LA ALTAGRACIA, REPUBLICA DOMINICANA.- La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, hizo un llamado al Gobierno central para que intervenga de manera inmediata en la comunidad de La Ceiba, con el fin de prevenir nuevos accidentes de tránsito, como el ocurrido en días pasados que dejó varias víctimas fatales.

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Aristy subrayó que es urgente tomar medidas que garanticen mayor seguridad vial y un transporte ordenado, debido al alto flujo de vehículos y la creciente preocupación de los residentes de la zona.

De acuerdo con una nota informativa, este planteamiento fue expresado en el marco de un encuentro que sostuvo con comunitarios de La Ceiba y representantes del sector transporte, donde se abordó la necesidad de buscar soluciones conjuntas y sostenibles al tema del transporte en la comunidad.

Durante la reunión, la alcaldesa destacó que “escuchar a la gente, trabajar con todos los sectores y construir consensos es la clave para avanzar en el fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial”.

Asimismo, reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades en la gestión de proyectos que contribuyan al bienestar de la población.

El encuentro también contó con la presencia de monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, quien valoró la disposición de las autoridades municipales para abrir espacios de diálogo.

El prelado recalcó que la unidad y la concertación son esenciales para enfrentar los retos sociales y comunitarios.

Los representantes de La Ceiba, por su parte, expusieron sus inquietudes y propuestas, mostrando disposición de colaborar con las autoridades en la implementación de medidas que permitan ordenar el tránsito y mejorar el servicio de transporte público en la zona.

FUENTE, https://elnuevodiario.com.do/

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró este jueves que el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, envía un mal mensaje a la sociedad. La diputada oficialista por Santiago subrayó que con este convenio el cuñado del exmandatario está aceptando su culpabilidad y el mensaje que está enviando las autoridades es «roba todo lo que quieras que yo te voy a quitar una pequeñísima parte y con eso tú vas a resarcir el daño que hiciste a todo un país».

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró este jueves que el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, envía un mal mensaje a la sociedad.

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La diputada oficialista por Santiago subrayó que con este convenio el cuñado del exmandatario está aceptando su culpabilidad y el mensaje que está enviando las autoridades es «roba todo lo que quieras que yo te voy a quitar una pequeñísima parte y con eso tú vas a resarcir el daño que hiciste a todo un país».

La legisladora manifestó que el órgano persecutor lo que debió hacer con Montilla fue quitarle todo lo sustraído del erario público incluyendo las ganancias que generaron esos recursos y luego encarcelarlo.

«Es todo que hay que quitarle y que pague con cárcel porque tú no me puedes pagar con el dinero que te robaste del Estado, eso es ilógico y a confesión de parte, relevo de prueba», sostuvo Suárez.

La legisladora valoró las declaraciones del ex jefe de Estado que se desligó de las acciones de su cuñado añadiendo que sus declaraciones hablan de su conciencia y que a veces hay familias que meten «la pata y uno se entera quizás no a última hora, pero si en un momento que ya lo hizo».

Asimismo, destacó que esto debe servir de ejemplo para los actuales funcionarios y familiares para que tengan cuidado en cómo actúan para que eviten hacerles daño a sus familias.

Dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insisten que Maxy Montilla, debió enfrentar un proceso judicial igual que los demás encartados en el caso de corrupción cuya operación fue denominada por el Ministerio Público con Antipulpo.

El vocero de la bancada peledeísta, Gustavo Sánchez, manifestó que al Montilla aceptar la negociación y comprometerse a devolver a favor del Estado 3 mil millones de pesos, queda demostrada su culpabilidad y por tanto también tendría que enfrentar una condena de prisión.

«Maxy debe ir a la cárcel porque confesó que había violado la ley», añadió Sánchez al tiempo que aclaró que los cercanos y familiares del expresidente Danilo Medina, son dirigentes del PLD.

En esa misma línea se pronunció el diputado nacional del PLD Danilo Díaz, al resaltar que Montilla no fue dirigente de esa organización política, así como tampoco funcionario del gobierno encabezado por Medina y que el Ministerio Público debió someterlo si encontró las pruebas de que este cometió irregularidades en las adjudiciones de licitaciones.

«Lo que no entendemos es ese privilegio. Debió ser procesado», añadió Díaz.

El expresidente Danilo Medina, durante una entrevista en el Sol de la Mañana aclaró que la relación con su cuñado era meramente cordial y que nunca tuvieron vínculos de negocios.

FUENTE, https://elnuevodiario.com.do/

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) está realizando una licitación para la adquisición de 2,894 pitos (silbatos) por un monto que asciende a RD$ 5,634.618.00. Los objetos saldrían a un valor per cápita de 1,947 pesos y, según la descripción que acompaña la propuesta de compra, incluye el portapito y una cadena para cada pieza.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) está realizando una licitación para la adquisición de 2,894 pitos (silbatos) por un monto que asciende a RD$ 5,634.618.00.

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Los objetos saldrían a un valor per cápita de 1,947 pesos y, según la descripción que acompaña la propuesta de compra, incluye el portapito y una cadena para cada pieza.

Sin embargo, un ejercicio realizado por El Nuevo Diario utilizando de ejemplo la plataforma digital de compras Amazon, y consultando al gerente de un currier del país, determinó que la cantidad de silbatos y de las mismas características que exige la Digesett, saldría por RD$314,172.64, equivalente al 5.5% de lo licitado por la institución.

El proceso número CCC-CP 2025-0021 fue subido al portal de Compras y Contrataciones el pasado 1 de septiembre del 2025 y explica que está dirigido exclusivamente a Mipymes Mujeres.

Dicha cifra ha sido considerada como excesiva por algunos comunicadores, teniendo en cuenta que existen productos de las mismas especificaciones y a menor precio, en páginas como Amazon.

Y, precisamente motivados por esas críticas, este medio indagó en varias plataformas de compras digitales sobre el precio de esos silbatos y este fue el resultado:

En Amazon

La plataforma de ventas en línea Amazon cuenta en su catálogo de productos con pitos que salen más baratos, que traen su cordón, y dicen tener muy buena calidad, según su precio y procedencia, como se detalla más abajo.

En su portafolio aparece una oferta de 24 pitos profesionales con las especificaciones de tamaño de la licitación y cuesta 9.99 dólares, a razón de 0.42 dólares por cada pito, que a una tasa de cambio de 63×1 equivale a 26 pesos por cada objeto resonante.

Costo de importación

Los 2,894 silbatos requeridos por la Digesett tendrían un costo de importación desde Amazon de US$1,215.48 (equivalente a 76,575 pesos dominicanos.

Al consultar un currier que importa objetos como el ya descrito, su gerente explicó que un pito de estos pesa una onza y su cadena otras dos onzas, de modo que el peso por unidad serían 3 onzas.

Por empaque y factor de seguridad, asumiendo que pesen cuatro onzas por pito y su accesorio, serían 11,576 onzas, equivalentes a 724 libras.
En ese sentido, si se trae por courier a un costo de 200 pesos por libra, entonces se pagarían 144,700 pesos.

Explicado de otra forma

Explicándolo de manera más llana, el valor de los 2,894 silbatos sería de US$1,215, al que se suma el transporte por US$2,291.

En total, los impuestos a pagar por la importación ascienden a US$1,472.76. Al sumar ese monto al valor CIF, que es el precio más seguro y el flete, de la mercancía, el costo final para colocar los silbatos en territorio dominicano se eleva a US$4,979.32.

Este total incluye el precio de compra, el transporte internacional y los tributos correspondientes, reflejando el gasto real que implicaría traer el lote completo al país.

En materia de impuestos, a la importación se le aplicaría un arancel del 20% sobre el valor CIF, lo que representaría US$701.31. Con este monto, la base imponible para calcular el ITBIS ascendería a US$4,207.87. Al aplicar el 18%, el ITBIS suma US$757.42.

A esto se añade la tasa administrativa que cobra la Dirección General de Aduanas (0.4% del CIF), equivalente a US$14.03. En conjunto, los tributos totalizan alrededor de US$1,472.

Sin embargo, la licitación realizada por la Digesett asciende a RD$5,634,618, mientras que la compra del mismo total de silbatos en un portal en línea como Amazon, con especificaciones similares, costaría RD$314,172.64, equivalente al 5.5% de lo licitado por la institución, reflejando una diferencia de RD$5,320,445.36.

fuente, https://elnuevodiario.com.do/

La República Dominicana avanza a pasos lentos, pero firmes a la movilidad sostenible, con alrededor de 30,000 vehículos y motocicletas eléctricos circulando en el territorio nacional. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO), Edwin Martínez, esto se debe a que en los últimos cinco años el costo de adquisición de operación ha cambiado mucho, gracias a que actores como el gobierno, el sector privado, los usuarios y la misma asociación han asumido el rol de promover la transición tecnológica.

SANTO DOMINGO, REPUBLIA DOMINICANA.- La República Dominicana avanza a pasos lentos, pero firmes a la movilidad sostenible, con alrededor de 30,000 vehículos y motocicletas eléctricos circulando en el territorio nacional.

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De acuerdo con el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO), Edwin Martínez, esto se debe a que en los últimos cinco años el costo de adquisición de operación ha cambiado mucho, gracias a que actores como el gobierno, el sector privado, los usuarios y la misma asociación han asumido el rol de promover la transición tecnológica.

“El presidente los recibió el año pasado para hablar del desarrollo de la electromovilidad y se comprometió a mejorar las condiciones para eso. El país cuenta con una ley, la 103-13, que remueve la mitad de todos los impuestos para la importación de vehículos eléctricos”, expuso.

Durante su participación en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Martínez manifestó, además, que en la actualidad en el país hay 500 cargadores públicos distribuidos en distintos puntos, y aunque reconoció que falta mucho camino por recorrer, aseguró que se ha avanzado.

“El viaje más complicado que puede existir aquí es ir a Pedernales y la parte menos desarrollada es el Sur, hay pocos cargadores, pero ya fuimos, hicimos una actividad. Pedernales se está desarrollando eléctrico, tuvimos una actividad con la Alcaldía de Pedernales, la Cámara de Comercio y dos empresas, fuimos a presentar el plan de movilidad, que ahí se pretende que sea todo eléctrico”, detalló.

Durante la entrevista, el presidente de la ASOMOEDO informó que la República Dominicana será la sede principal de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS) este 2025.

“Se realizan varios eventos cada año motivando el desarrollo de la electromovilidad movilidad, este año en particular, la República Dominicana ocupa la presidencia para Latinoamérica en temas de movilidad sostenible ALAMOS”, expresó.

FUNETE, https://elnuevodiario.com.do/r

Las centrales sindicales Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), encabezadas por sus presidentes Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael “Pepe” Abreu, respectivamente, rechazaron «las pretensiones de algunos legisladores de modificar el régimen de cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo». Los líderes sindicales recordaron que el proceso de concertación tripartita concluyó con un consenso que fue sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional, sin que se tocara la cesantía.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.– Las centrales sindicales Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), encabezadas por sus presidentes Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael “Pepe” Abreu, respectivamente, rechazaron «las pretensiones de algunos legisladores de modificar el régimen de cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo».

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Los líderes sindicales recordaron que el proceso de concertación tripartita concluyó con un consenso que fue sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional, sin que se tocara la cesantía.

Consideraron que los congresistas que ahora plantean cambios “hacen un flaco servicio a sus partidos políticos y al clima de paz social que vive el país, al intentar favorecer únicamente al sector empresarial”.

Defensa de la paz social y la seguridad jurídica

Las centrales sindicales señalaron que han contribuido de manera decisiva a la estabilidad democrática, política y social de la República Dominicana, elementos que han favorecido el desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y la celebración de importantes eventos internacionales, como la 20ª Conferencia Regional Americana de la OIT, que se realizará en octubre en el país.

Advirtieron que modificar la cesantía sería una violación a la Constitución, que en su artículo 110 prohíbe alterar derechos adquiridos, y al artículo 62 que reconoce el trabajo como un derecho fundamental bajo protección del Estado. Además, recordaron que el capítulo 16 del DR-CAFTA protege el respeto de los derechos laborales en la región.

Alertan sobre riesgos de conflictividad social

Los dirigentes sindicales consideraron que algunos legisladores subestiman el compromiso del movimiento sindical con el diálogo social, pero advirtieron que si se insiste en violentar los derechos de los trabajadores, el país podría retornar a escenarios de conflictividad social y huelgas del pasado reciente.

Convocan vigilia y plan de movilización

Como primera medida, anunciaron un plan de movilización nacional que iniciará con una vigilia frente al Congreso Nacional el próximo miércoles 10 de septiembre a las 3:00 de la tarde.

El plan también contempla:

Marchas y plantones en distintas provincias.

Visitas masivas a entidades políticas, económicas y personalidades influyentes.

Acciones de mayor contundencia en defensa de los derechos laborales, si fuera necesario.

Los líderes sindicales reiteraron que la cesantía laboral es un derecho económico protegido por la Constitución y por acuerdos internacionales, por lo que no permitirán que se vulneren conquistas históricas de los trabajadores dominicanos.

fuente, https://elnuevodiario.com.do/

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que la Junta Central Electoral (JCE), cuenta con las herramientas necesarias para frenar la campaña a destiempo que realiazan los distintos partidos políticos. Servio Tulio indicó que una forma de someter al orden a aquellas organizaciones políticas que violan la leyes electorales es reteniéndoles los recursos que reciben del Estado.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que la Junta Central Electoral (JCE), cuenta con las herramientas necesarias para frenar la campaña a destiempo que realiazan los distintos partidos políticos.

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Servio Tulio indicó que una forma de someter al orden a aquellas organizaciones políticas que violan la leyes electorales es reteniéndoles los recursos que reciben del Estado.

El jurista subrayó que «eso sí le duele a los partidos políticos», agregando que todos están haciendo campaña proselitista fuera de los plazos establecidos y en ese sentido instó al órgano regulador de los procesos electorales a actuar con firmeza.

Mientras que el senador Dagoberto Rodríguez, declaró que la entidad electoral debería tomar decisiones más drásticas como suspenderle la licencia a aquellos que desde ya están colocando vallas promocionando candidatos de cara a las elecciones de 2028.

«Si yo fuera Román Jáquez y el pleno de la junta, yo Dagoberto Rodríguez, le cancelo la matrícula a esos partidos que están haciendo eso, incluído el mío», manifestó.

Rodríguez aunque reconoció que el partido gobernante también se encuentra sumergido en un proceso de campaña fuera de tiempo, destacó que este no ha colocado vallas como si lo ha hecho el partido Camino Nuevo de una «forma desafiante».

El senador cuestionó «que fuerza tiene Morrison para desafiar a la Junta Central Electoral, por qué lo hace y por qué lo permite Román Jáquez y el pleno».

El senador Santiago Zorrilla, manifestó que la junta lo que debe hacer en estos casos es aplicar las sanciones que establece la Ley.

El representante de la provincia El Seibo sin embargo, subrayó que el hecho de que muchos partidos estén recorriendo todo el país realizando actividades con dirigentes y militantes no significa que estén haciendo campaña.

Asimismo, justificó la colocación de vallas siempre que estas no estén promocionando candidatos para el próximo torneo electoral que se celebrará en el año 2028.

Tanto Finjus como Participación Ciudadana aseguran que en los procesos de campaña a destiempo no solo se viola la Ley de Partidos, sino también que se deteriora la calidad de la democracia.

FUENTE, https://elnuevodiario.com.do/