La investigación fue dirigida por el fiscal Pedro Gil, quien otorgó al caso la calificación jurídica de violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de intentar matar a otro, a quien dejó parapléjico tras dispararle con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.
El condenado, Geovanny Miguel Carvajal Batista «Jovani Ferreira», deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega. Además, fue condenado al pago de una indemnización de RD$2 millones a favor de la víctima, según detalla un comunicado de prensa.
La sentencia fue dictada luego de que el tribunal acogiera las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que establecieron la responsabilidad penal de Carvajal Batista por tentativa de homicidio en perjuicio de Luis Miguel Capellán Taveras.
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De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió el 28 de febrero de 2018, alrededor de las 11:04 de la mañana, en la calle Blanquito Espino, del sector Villa Rosa, en La Vega, cuando la víctima se encontraba frente a la vivienda de un familiar.
El Ministerio Público estableció que el condenado llegó al lugar y, sin mediar palabras, realizó varios disparos contra Capellán Taveras con la intención de quitarle la vida. Tres de los proyectiles impactaron a la víctima en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones permanentes que derivaron en paraplejia.
Tras el ataque, Carvajal Batista huyó del lugar. Posteriormente, el Ministerio Público obtuvo una orden de arresto, ejecutada el 17 de julio de 2025.
Durante el proceso también se estableció, mediante una certificación de la Dirección de Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía, que el condenado no poseía licencia para portar armas, por lo que utilizó el arma de fuego de manera ilegal.
La investigación fue dirigida por el fiscal Pedro Gil, quien otorgó al caso la calificación jurídica de violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Yurisan Ceballos, quien presentó pruebas documentales, periciales e ilustrativas que fueron acogidas por el tribunal, integrado por los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano.
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