“Cuando no hay guaguas, medios de transporte, personal o coordinación, quien paga las consecuencias es el ciudadano. Esto no es un problema administrativo menor. Es una violación a derechos fundamentales que debe corregirse de inmediato”, sostuvo.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, denunció este domingo lo que calificó como grave retraso en el conocimiento de las medidas de coerción en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este debido a la falta de traslado de los imputados desde los centros de detención hacia los tribunales.
Según explicó, en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la avenida Sabana Larga se programan diariamente alrededor de 60 audiencias en cada uno de los tres turnos de trabajo. Sin embargo, aseguró que más del 90 % de esos casos son aplazados porque los detenidos no son trasladados el día fijado para la audiencia.
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Valentín Santos calificó la situación como una violación al plazo constitucional establecido en el artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República, que dispone que toda persona arrestada debe ser presentada ante la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas siguientes a su detención.
“Tenemos casos de personas que tienen hasta 30 días detenidas sin haber visto a un juez. Esto constituye una violación grave al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. No podemos seguir normalizando que un ciudadano pierda su libertad sin control judicial”, expresó.
El funcionario atribuyó el problema a la saturación del Centro de Detención de San Luis, situación que ha obligado al Ministerio Público a distribuir a los detenidos en distintos destacamentos policiales. No obstante, señaló que al momento de celebrarse las audiencias muchos de esos ciudadanos no son trasladados a la Ciudad Judicial.
Indicó que la situación afecta principalmente a personas de escasos recursos que reciben asistencia de la Defensa Pública, además de provocar retrasos en el sistema judicial y generar mayores costos para el Estado.
“Cuando no hay guaguas, medios de transporte, personal o coordinación, quien paga las consecuencias es el ciudadano. Esto no es un problema administrativo menor. Es una violación a derechos fundamentales que debe corregirse de inmediato”, sostuvo.
Valentín Santos hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y a las demás instituciones involucradas para que adopten medidas que garanticen el traslado oportuno de los imputados y el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.
“El respeto a las 48 horas no es negociable. Es un mandato constitucional y debemos cumplirlo para que la justicia sea real”, concluyó.
FUENTE: https://elnuevodiario.com.do/
