La Superintendencia de Seguros, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) sostuvieron un encuentro a instancia de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que las pólizas de seguros cumplan con la indemnización por daños a los bienes públicos.
En ese sentido, la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, agradeció el encuentro y calificó como fructífera la reunión en la que se busca un protocolo para determinar qué institución del Estado puede recibir los pagos, en caso de daños a los bienes públicos, especialmente los que tienen que ver con la vía pública y el tránsito.
Josefa Castillo precisó que, en acuerdo con el sector asegurador y las instituciones actuantes en las negociaciones, se va a elaborar una resolución de la Superintendencia de Seguros que establecerá el mecanismo a aplicar, dentro de lo que establece la Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.
Mientras que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el Intrant tiene facultad para recibir los montos de las indemnizaciones de las pólizas de seguros, ya que como organismo fiscalizador puede recaudar fondos que van a la cuenta única del Estado.
En la reunión, el director de Intrant, Rafael Arias, consideró que debe revisarse y actualizarse los montos establecidos en las coberturas, y puso como ejemplo que un semáforo público le sale al Estado en unos cinco millones de pesos.
De su parte, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), representado por su director ejecutivo, Miguel Villamán, y por los ejecutivos de compañías de seguros, Nelson Hedí Hernández, Rafael Nolasco y Orlando Rodríguez, sugirieron la continuidad de las reuniones para llegar a un consenso para la revisión de las pólizas y las coberturas a los asegurados.
La Superintendente de Seguros sostuvo que se está actuando de buena fe para buscar un sistema que funcione y en la que el Estado históricamente no continúe perdiendo millones de pesos por los daños a los bienes públicos de parte de terceros, quienes cuentan con un seguro que los respalda.
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