La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), lamentó que, aunque la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones prohíbe que los servidores públicos sean proveedores del Estado, algunas personas se amparen en lo que ellos consideran una falsa interpretación del reglamento de aplicación de dicha norma para fomentar la ilegalidad.
Luego de que el senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Victoria Yeb, se justificara como proveedor del Estado por ser el único suplidor de un tipo de medicamentos, Finjus explicó que la Ley No. 340-06 en su artículo 14 enumera quiénes son los funcionarios que por su investidura no pueden negociar con el Estado.
Por lo tanto, niega que el artículo del reglamento de aplicación que establece situaciones excepcionales delimite la imposibilidad de los funcionarios públicos para el caso de “proveedor único”.
El Congreso Nacional aprobó en julio de 2006 la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con penas de hasta dos años de prisión para los funcionarios que la incumplieran, pero esas sanciones fueron eliminadas posteriormente en una modificación que hicieron los legisladores, luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtuviera mayoría en ambas cámaras.
La primera, firmada por Alfredo Pacheco del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como presidente de la Cámara de Diputados, y por Andrés Bautista del mismo partido como presidente del Senado, incluía penas para los funcionarios y empleados incumplidores de tres meses a dos años de prisión y multas por el valor de los bienes y servicios adquiridos o del valor involucrado en el contrato.
Esas sanciones no quitaban las responsabilidades que estableciera el reglamento de aplicación, ni las civiles o penales, por las que podrían ser sometidos a la Justicia por los tribunales ordinarios.
El 16 de mayo se habían celebrado elecciones congresuales en las que el PLD obtuvo 22 de 31 senadores y 96 de 178 diputados.
Ambas cámaras aprobaron el 5 de diciembre la ley No. 449-06 que modificaba la No. 340-06, con la que se eliminaban las sanciones de cárcel, entre otras modificaciones. Al día siguiente, el entonces presidente Leonel Fernández Reyna la promulgó.
En ella las sanciones fueron reducidas a amonestación, suspensión, despido y sometimiento judicial.
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