La organización no gubernamental Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, propuso este viernes la “suspensión” del proceso de elección de más de 200 jueces del Organismo Judicial, al considerar que su desarrollo está “viciado”.
De acuerdo a un comunicado de la entidad, existe en Guatemala “una captura de la justicia” y si continúa la elección bajo el actual contexto “se traducirá en mayores niveles de ingobernabilidad, conflictividad, corrupción e impunidad”.
Alejos se encontraba en un sanatorio privado por autorización de una jueza, supuestamente bajo supervisión del Sistema Penitenciario, y desde ese lugar se reunió con varias personas vinculadas a la elección de más de más de 200 jueces del Organismo Judicial.
Los movimientos de Alejos y sus visitantes fueron documentados gráficamente por una investigación de la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP). Según las autoridades, con base en el testimonio de un testigo, casi 30 personas visitaban a diario a Alejos en la clínica.
Alejos se reunió con el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, cuya hermana, Flor de María Gálvez, participó en el proceso de elección. El operador político también sostuvo encuentros con dos diputadas, entre otras personalidades ligadas a la elección de los más de 200 jueces.
Alejos está vinculado ya a cinco casos penalmente por corrupción: “Negociantes de la salud”, “Cooptación del Estado”, “Transurbano (equipo prepago)”, “Financiamiento ilícito de la UNE” y “Red de poder, corrupción y lavado”, este último por el que se encuentra bajo prisión preventiva.
La elección de los más de 200 jueces del Organismo Judicial guatemalteco, incluidos los 13 magistrados titulares y los 13 suplentes a la Corte Suprema de Justicia, debió realizarse en octubre de 2019, pero varios recursos legales fueron retrasando su desarrollo.
La designación final podría realizarse la próxima semana por el Congreso de Guatemala como establece la ley, de un listado de casi 300 abogados aspirantes nombrados por una Comisión Postuladora.
Acción Ciudadana afirmó que además de “proponer” la suspensión del proceso también ejecutará acciones legales para impedir las mismas.
Los jueces que finalmente sean designados por el Congreso estarán en sus cargos por un período de cinco años.
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