Por; Juan López.
Como consecuencia de la debilidad institucional y el clientelismo político que padece nuestro país, al producirse cambios de autoridades en la administración pública (de presidente, de alcaldes, de ministros, o de un director ejecutivo), se mal acostumbra realizar masivas cancelaciones de personal, incluyendo a técnicos calificados y empleados capacitados y con positiva experiencia, basándose en el demagógico pretexto de “crear espacios para nombrar a mi gente”.
Para implementar las masivas cancelaciones de empleados públicos se violentan las leyes y los procedimientos administrativos. Basta con este argumento: “mi gente tenía mucho tiempo fuera del gobierno”.
Ahora bien, una vez materializadas las cancelaciones, la Ley 41-08 ordena realizar los trámites correspondientes para pagar las prestaciones laborales a los cancelados. ¡Es lo justo y necesario!
Por la incapacidad del Ministerio de Administración Pública (MAP), órgano rector en materia de burocracia pública, los nuevos funcionarios acuden a la retaliación política para negarse a pagar las prestaciones laborales a los cancelados, en el tiempo que dispone la Ley vigente.
En la negación y premeditado retraso para pagar las prestaciones laborales, en flagrantes violaciones de la ley, se da un mal ejemplo al sector privado. Orondo de indolencias, en esas malas prácticas, se destacan los jefes de los Ministerios de Educación, Obras Públicas, Industria y Comercio, de INAIPI, CAASD, Lotería Nacional y la alcaldía de Santo Domingo Este.
Esos funcionarios utilizan una nefasta táctica dilatoria: Poner a los empleados cancelados a pasar por tortuosos viacrucis, convirtiéndolos en pelotas de voleibol, para vencerlos por cansancio para que renuncien a recibir el pago de sus prestaciones laborales, en ejercicio de sus legítimos derechos.
Con esa insensibilidad humana empujaron a la ya conocida ex empleada del Ministerio de Obras Públicas, cancelada después de más de 16 años de trabajar en la institución, viuda, desesperada por la manutención de sus hijos y presionada por las deudas. Después del hastío y la impotencia, acudió al último recurso que le quedaba: ¡Se llenó de valor, mandó la vergüenza a la porra y se desnudó frente al palacio nacional!
Por el escándalo que representó esa deprimente acción y la amplia divulgación que recibió en los medios de comunicación y redes sociales, al otro día, el Ministro, personalmente, asumió la responsabilidad de pagar las prestaciones laborales a la señora, cuyo monto resultó insignificante, en comparación con las millonarias sumas por “prestaciones laborales” que, puntualmente, reciben los altos funcionarios gubernamentales.
A los fines de evitar la repetición de la valiente y penosa acción de la ex empleada de Obras Públicas, urge que los funcionarios cumplan con su deber, respeten las leyes y procedan a pagar las prestaciones laborales que correspondan a los empleados cancelados en sus respectivas dependencias.
El impago de las prestaciones laborales y las tácticas dilatorias son pruebas fehacientes de abuso de poder que los funcionarios del gobierno PRM-Abinader, con sus malas prácticas administrativas, infringen la Constitución y leyes vigentes; evidencian indolencia humana y ejercen retaliación política contra miles de humildes empleados públicos que, desde el pasado mes de agosto, pasan por el suplicio de las cancelaciones.
Los aún flamantes funcionarios perremeistas deben recordar que el poder es pasajero, muy pasajero y estas reglas de oro del comportamiento social: “Trata a los demás como quieres que te traten”. “Hoy por ti, mañana por mí”.
