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¿Embarazos en adolescentes, fruto de la pobreza, falta de políticas sociales y garantía de educación sexual?

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Por: Emilia Santos Frias.

Cuando analizo esta problemática, y su vinculación al freno del desarrollo social de nuestro país, la República Dominicana, tengo que abrazar el artículo 56 de la Constitución: “La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales…, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta”. Entonces, ¿qué nos ha pasado?, esta situación es antiquísima, y no logramos frenarla.

La familia, la sociedad y el Estado son responsables de esos altos índices que exhibimos en embarazos en adolescentes, madres adolescentes, abortos en adolescentes, pues, es a esta trilogía a quien compete, la creación de políticas públicas, sociales; garantía de deberes y derechos humanos, como la educación integral, en valores, protección y auxilio a nuestras niñas, niños y adolecentes. Tomando como parámetro que las niñas y las adolescentes no poseen madurez física, sexual, ni mental, para decidir libremente.

Tal como nos indica la Carta Magna, y reitera en el artículo 63: “La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”. ¿Será que es aquí donde estamos fallando. Influye la falta de responsabilidad y compromiso oportuno, sistemático, articulado, serio y en alianza, de la familia, del Estado en el crecimiento de este flagelo?

Ella, nuestra norma guía, oráculo de deberes y derechos: la Constitución, en su artículo 55, insiste en que la familia es el fundamento de la sociedad; el espacio básico para el desarrollo integral de las personas…, y en ella, se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. Pero, ¿cómo se podrá alcanzar ese avance, exhibiendo el 100. 6 de embarazo adolescente, la cifra más alta de América Latina y el Caribe, seguidos de Nicaragua, con el 92.8%, Guatemala, 84%, Venezuela 80%, Honduras y Brasil, 68.4% y Costa Rica, el 59.1%, según la División de Población de Naciones Unidas?

Otros datos y cifras nacionales, aportadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa), indican que, nuestro país se encuentra entre los cinco países de América Latina, con mayor proporción de embarazos en menores de 15 años y adolescentes de 15 a 19 años. Así como, en partos vaginales, cesáreas y abortos, en menores de edad de 15 y de 15 a 19 años.

La tasa de natalidad en adolescentes de 15 a 19 años en el país es de 90 por cada mil. Casi duplica la mundial que es de 51. La provincia con mayor proporción de atención de embarazadas adolescentes es María Trinidad Sánchez (Nagua), San José de Ocoa, Duarte (San Francisco de Macorís), San Juan de la Maguana, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez (Cotuí). También, en adolescentes residentes en poblaciones de la zona noreste del Cibao, la zona Enriquillo de la región suroeste, y lógicamente las comunidades ubicadas en la frontera.

Unfpa, atribuye la problemática a la deserción escolar son el embarazo, el cuidado infantil y la inserción laboral, precisando que el 61.4% de las adolescentes alguna vez embarazadas en el país, pertenecen a los dos quintiles más pobres de la franja económica. Más de la mitad de las madres adolescentes (52%) tiene como actividad principal los quehaceres del hogar. Los partos, cesáreas y abortos en el país correspondieron a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, datos de la Dirección de Información y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), afirman que es consecuencia de cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. Carencia de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, y que no se valoren los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. Asimismo, el impacto de la presión de grupo; curiosidad; abuso sexual; el sexo como paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. ¡La familia, hermanos-as, la familia!

Lo cierto es que si queremos alcanzar el desarrollo social, debemos ya frenar esta problemática, y para hacerlo es necesario el concurso de todas y todos; articulación y alianza de todos los sectores, que juntos accionen de manera oportuna y podamos hacer verdadero cambio de comportamiento en nuestra presentes y futuras generaciones. Educación y prevención; informando además, acerca de las complicaciones que puede sufrir la salud de la adolescente, una de ellas, la muerte.

La autora reside en Santo Domingo, República Dominicana. Es educadora, periodista, abogada y locutora.

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Resolución 74-2020 de la JCE y subregistro de nacimiento

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La Junta Central Electoral, dispuso mediante la resolución 74-2020, la expedición de cédulas a menores de edad a partir de los 12 años, en tal sentido han surgido algunas voces en contra y otras a favor, en lo que si todos estamos de acuerdo es que el subregistro de nacimiento es un problema que crea pobreza y profundiza las desigualdades.

No me cabe la menor de la duda sobre la importancia capital que reviste dicha resolución por lo que me parece importante que la JCE inicie un proceso de promoción sobre el alcance de dicha resolución para no dejar espacio a la incertidumbre sobre el propósito de la misma.

Se trata de miles de dominicanos y dominicanas que no tienen identidad y que, por ello, no pueden ejercer una gran variedad de derechos civiles y políticos, no tienen acceso pleno a la salud,  así como a la educación, ni son beneficiarios de los diferentes programas sociales que se implementa desde el Estado.

En ese sentido, es necesario la adopción de políticas públicas que impidan el crecimiento del subregistro de nacimiento y uno de los escollos que se presenta tiene que ver por el hecho de que una gran parte de las madres son adolescentes que no tienen edad para ser dotadas de una Cédula de Identidad y Electoral, de conformidad con la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral, que establece como edad mínima los 16 años para poder expedir una Cédula de Menor.

Según algunas fuentes indican que la proporción de madres menores con edades que dan a luz en los hospitales oscilan de los 12 a los 15 años de edad, llega a alcanzar del 25 al 30 por ciento del total de los partos realizados. Esas madres adolescentes, al no tener cédula, no podían declarar su niño o niña, por lo que pasaba a incrementar de manera automática el número de subregistro de nacimientos del país.

La resolución 74-2020 que dispone la expedición de cédulas a menores de edad a partir de los 12 años viene a subsanar esta situación, permitiendo que toda menor que se encuentre en estado de embarazo pueda hacer la gestión para obtener su Cédula de Identidad de Menor, de manera que, cuando se produzca el parto, pueda declarar sin ningún inconveniente a su niño o niña.

Con esta resolución, dictada por el Pleno de la JCE se reivindica el derecho a la identidad consagrado en los Convenios Internacionales para la protección de los niños, niñas y adolescentes; y contribuye de manera sustancial a la eliminación del subregistro de nacimientos en la República Dominicana.

Insisto, la JCE tiene que hacer la promoción de lugar sobre el contenido de las mismas y comunicar efectivamente el alcance de la resolución para que una buena intención no repercute de manera negativa en la sociedad.

Por Pablo Vicente

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

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Monitoreando al gobierno PRM-Abinader: Inexperiencia, contradicciones y populismo

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Al cumplirse los primeros 60 días del gobierno PRM-Abinader, en un mensaje de tres minutos, el Presidente insistió en promocionar “el cambio”, su interés por satisfacer las expectativas populares,   en su altruismo personal y en una motivación para “llegar a la meta juntos”.

Previamente, en su discurso del pasado jueves 8, el Presidente, desde el tribunal que montó en el Palacio, dictó, sumariamente, dos “sentencias”:

Ambas “sentencias” revelaron inexperiencia y desconocimiento de las atribuciones y limitaciones constitucionales del Primer Mandatario de la Nación.

En contradicción con una de esas “sentencias”, tres días después,  la Directora de la Dirección General de Ética Gubernamental, públicamente, “solicitó” al Presidente de la CCRD que “no renuncie porque se atrasarían las investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes de los nuevos y salientes funcionarios”.

Mientras el Presidente y el Ministro de la Presidencia “renunciaban” al usufructo de los honorarios de sus respectivos cargos, en otras dependencias gubernamentales se realizaban sustanciosos aumentos de sueldos, evidenciando populismo y contradicciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el PEPCA están cumpliendo con sus funciones al investigar y preparar los expedientes para judicializar diferentes casos de posible corrupción. Por otro lado, el Consultor Jurídico de la Presidencia hace tres altisonantes anuncios:

a).- Anulación de todas las contrataciones con Odebretch y consorciados dominicanos, b) licitaciones para contratar oficinas de abogados para representar al Estado en los casos de corrupción y c) rescisión de los contratos relacionados con la adquisición del asfalto caliente que hizo el pasado Ministerio de Obras Públicas.

Esas tres acciones, directa e indirectamente, colinden con los procedimientos y gestiones institucionales que está realizando la PGR y el PEPCA, que podrían obstaculizar los propósitos de llevar a los tribunales a los responsables de posibles actos de corrupción, lo cual evidencia improvisación e incoherencia.

Mientras el Presidente proclama la independencia de la PGR y  le estimula a la eficacia ante la manoseada impunidad que favorece la corrupción, en el proyecto de Presupuesto para el 2021 se le hace una significativa  reducción al presupuesto de la PGR que, sin lugar a dudas, afectaría la calidad y rapidez de sus labores anticorrupción.

Todavía se desconocen los principales detalles y criterios (transparencia… ¿pa`cuándo?)  para negociar  (nuevas deudas) con el sector financiero y la Barrick Gold el pago por adelantado de sus impuestos.

Esa apresurada negociación la dispuso el Presidente para enmendar el provocador “paquetico” de impuestos que, subrepticiamente, se pretendía aplicar a través del Presupuesto para el 2021, lo cual evidenció una peligrosa improvisación del equipo económico del gobierno.

De acuerdo a unos miembros de ese equipo económico, el pago de estos impuestos permitiría dis­poner de los recursos equivalentes a la abortada carga impositiva que se incluyó en el proyec­to de Presupuesto, por lo cual para el 2021 no habría nuevos impuestos. En oposición, el Director General de Presu­puesto informó, recientemente, que “será obligatorio establecer nuevos impues­tos para poder cubrir el Presupuesto del 2021”.

Provocando confrontaciones con grupos de poderes fácticos e importantes sectores de la sociedad dominicana, dos viceministras están promoviendo la “inclusión” para ciertas preferencias sexuales, utilizando plataformas gubernamentales,  sin especificar si esa acción es personal o implementando una “política pública oficial” del  gobierno.

Pendiente de la decisión del Tribunal Superior Administrativo se halla la solicitud de medida cautelar que interpusieron Directores Regionales y Distritales de Educación contra la politizada ordenanza del MINERD que los convirtió en “botellas” mediante el sambenito de “asesores”.

En torno a las plantas de Punta Catalina se ha montado una difusa campaña mediática desde diferentes ámbitos del gobierno. Unos funcionarios hablan de “venta”; otros de investigación para judicializar los pagos que se realizaron, las presuntas sobreevaluaciones y sobornos. Otros niegan la intención de venderlas mientras acusan a exfuncionarios de recibir las plantas con cuantiosos defectos de fábrica que impiden su operatividad, evidenciando  improvisación y contradicciones.

El tsunami político que le dio el triunfo al PRM-Abinader, en gran medida, por acción de la clase media descontenta por ejecutorias erráticas del gobierno del ex presidente Medina,  en tan pocos días se está alborotando. Esa clase media sensible, empoderada de sus derechos, exigiendo transparencia y gobernanza, “está atenta”, al igual que la Primera Dama.

Esta reflexión sobre los primeros 60 días, es para exhortar al gobierno a superar la inexperiencia, improvisaciones y contradicciones de sus funcionarios para inspirar confianza y facilitar que el pueblo le acompañe en “el camino largo, para conseguir llegar a la meta juntos”, como aspira el Presidente Abinader.

Por Juan López

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

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Faride Raful y el Barrilito

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Hace tiempo que la sociedad ha estado reclamando la eliminación de los privilegios, que alegremente se impusieron los legisladores. Violando la Constitución. Durante la campaña electoral, los candidatos al Congreso criticaron ardientemente esas prerrogativas, prometiendo que renunciarían a ellas. Pero, después que obtuvieron la victoria, solamente el Ing. Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Faride Raful mantuvieron sus promesas.

Los tres representaron la esperanza, de que los demás siguieran sus pasos, marcando un “antes y un después” ¿Qué Va! Del dicho al hecho hay mucho trecho, especialmente en un pais donde la actividad política se ha degenerado, hasta convertirse en un oprobio social. Solo el senador Antonio Taveras, pudo mantenerse a la altura del Ing. Estrella, quien tiene una trayectoria transparente, enmarcada por la pulcritud y su honestidad.

Son atributos muy escasos en una sociedad, azotada por una clase política corrupta e inescrupulosa, que solo busca enriquecerse bajo el amparo del poder. Pero, como dice un refrán popular: No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. El pueblo ha despertado y así como hizo recular al presidente Abinader con el incremento de impuesto, hará lo mismo para que se eliminen los privilegios de los congresistas.

Están muy equivocados, aquellos que siguen anclados en el pasado, pensando que la sociedad se mantiene estática y pueden continuar engañándonos. ¿Quién le va a creer a la senadora, su alegato de que los recursos serán redirigidos a las verdaderas necesidades en el Congreso? ¿Cuáles son las necesidades de un poder del Estado, que en vez de defender al pueblo, le sirve a sus verdugos?

La sociedad celebro la decisión de los tres senadores, con la esperanza de que impulsaban el adecentamiento de una institución tan cuestionada.  Lamentablemente, la actitud de la senadora Fadul, fue un barril de agua, que apago el sentimiento de la decencia promovido por los dos senadores. Olvidando que nuestras acciones se reflejan y repercuten. Antes de tomar una decisión, que va en contra de los mas necesitados, debemos preguntarnos ¿Cómo la sociedad verás a mi familia y los compañeros de estudio a mis hijos?

Recibir una cantidad de dinero, que ningún pobre podrás ahorrar en toda su vida de duro sacrificio y trabajo, para ver como nuestros representantes los usan para sus lujos y placeres sin tener que rendirles cuenta a nadie, es una aberración. Los abusos en contra de un pueblo humilde y trabajador tendrán que terminar.

Con las mil trescientas firmas, que un grupo de ciudadanos deposito en el Congreso exigiendo la eliminación del “Barrilito y el Cofrecito” se inicia una lucha, que no terminará hasta que se logre ese propósito. El próximo paso que darán, es acudir al tribunal Constitucional, para que declare la abominable ley inconstitucional.

La senadora Fadul esta a tiempo para rectificar, colocándose al lado del pueblo y rechazando unos fondos, que violan nuestra Carta Magna,

Lic. Elías Samuel Rosario Mata

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

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