Por: Jenkin Alberto Orozco García
En fecha 20 de febrero fue promulgada la ley núm. 47-20, sobre las Alianzas Público-Privadas. Dicha normativa será una herramienta de gran utilidad para incentivar la inversión privada en el desarrollo de proyectos de diversas índoles en la República Dominicana y, en consecuencia, que el Estado se encuentre en condiciones de alcanzar el nivel de desarrollo y bienestar social de otros países. La misma tiene por finalidad regular el proceso de suscripción y ejecución de los contratos de alianzas público-privadas en el país.
En ese sentido, las alianzas público-privadas pueden ser definidas cómo una modalidad de contratos públicos donde particulares y la Administración Pública se comprometen a desarrollar un proyecto determinado en beneficio de la sociedad con un sistema predeterminado de distribución de riesgos, tasa de rentabilidad y beneficios. Para que esta modalidad de contratación administrativa pueda ser exitosa se requiere que la Administración Pública y los contratistas estén en condiciones de enfrentar una serie de desafíos que se presentaran antes y en el transcurso de la ejecución de esta clase de contratos.
En ese orden, el primer desafío será una realizar una adecuada y eficiente gestión de los riesgos que evite el rompimiento de la estructura económica del contrato y, por ende, perjudique a las partes suscribientes del mismo. Para lograr lo anterior, será necesario que los riesgos sean asignados a la parte que se encuentre en mejores condiciones de mitigarlos y controlarlos. En tal sentido, el economista J. Luis Guash ha señalado “Uno de los elementos claves en el diseño de las concesiones es la identificación de los riesgos asociados y su asignación adecuada. Esto último tiene un importante impacto sobre los costos de capital y el nivel tarifario.”.
El proceso de asignación de los riesgos en los contratos de alianzas públicos-privadas es más técnico que jurídico y, por ende, requiere monitoreo y supervisión constante. Por tanto, la Administración Pública deberá implementar medidas de monitoreo y verificación en la ejecución de los referidos contratos para garantizar el éxito y rentabilidad de los mismos. Si los referidos contratos no son monitoreados durante su proceso de ejecución por los entes públicos sus posibilidades de éxito se verían enormemente reducidas. A nuestro juicio, sería ideal que existan unidades administrativas en las entidades contratantes que se encarguen de verificar que los riesgos asignados a las partes suscribientes del contrato sean asumidos conforme fue acordado, por el impacto que esto podría causar en la estructura económica de los mismos.
Otro de los grandes retos que enfrentará la Administración Pública en el desarrollo de los referidos contratos es el alto nivel de corrupción que históricamente ha afectado la ejecución de las actividades administrativas del Estado, especialmente las relacionadas con la contratación pública. Para ello se requerirá una férrea voluntad de los funcionarios públicos que estén encargados de gestionar y organizar dichos proyectos, pues en la medida en que estos procesos sean ejecutados de forma ética, responsable y diáfana serán más eficaces y eficientes en cumplimiento de los principios que rigen la actividad administrativa del Estado señalados en el artículo 138 de la Constitución de la República.
De igual forma, la Administración Pública tendrá el reto de garantizar la preservación del equilibrio económico de los contratos durante su proceso ejecución conforme lo establece el artículo 73 numeral 1 de la referida normativa. Por tanto, deberá evitar tomar medidas de forma unilateral que puedan afectar la estructura económica del contrato en perjuicio de los derechos de los contratistas so pena de ser demandados por la inversión realizada y por los daños emergentes por las vías jurisdiccionales o arbitrales correspondientes.
Sin lugar a dudas, la ley núm. 47-20, que regula los contratos de alianzas público-privadas es una iniciativa que otorga al sector público la posibilidad de emprender proyectos de gran envergadura en beneficio de la sociedad dominicana con la colaboración del sector privado. Entendemos que la misma contiene los instrumentos necesarios para que las alianzas público-privadas sean exitosas y rentables, razón por lo cual, esperamos que los desafíos antes señalados sean enfrentados por la Administración Pública de forma eficaz.
