La propuesta incluye la incorporación de un párrafo que especifica la responsabilidad de los ministros, funcionarios y agentes de la administración pública en la ejecución y cumplimiento de las sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales del Poder Judicial, que hayan adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El abogado José Alberto Cruceta hijo presentó una propuesta significativa que busca reforzar el control de legalidad sobre la Administración Pública en la República Dominicana. En su planteamiento, sugiere una Adición al Artículo 139 de la Constitución que establece el control de la legalidad por parte de los tribunales.
La propuesta incluye la incorporación de un párrafo que especifica la responsabilidad de los ministros, funcionarios y agentes de la administración pública en la ejecución y cumplimiento de las sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales del Poder Judicial, que hayan adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
Según la propuesta, aquellos declarados responsables de desacato judicial serían inhabilitados para ejercer funciones públicas o de elección popular durante un periodo de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y otras sanciones establecidas por la Constitución y las leyes.
Asimismo, el abogado sugiere una modificación al Artículo 165, que regula las atribuciones de los tribunales superiores administrativos. La propuesta agrega una nueva atribución que permitiría a estos tribunales conocer en única instancia las acciones contencioso-administrativas contra ministros, funcionarios y agentes de la administración pública que incurran en desacato de sentencias o resoluciones irrevocables emitidas por los órganos judiciales.
La propuesta del jurista vendría a fortalecer las disposiciones que en el orden legal actualmente sancionan la falta de cumplimiento de decisiones judiciales como las contenidas en las leyes 10-04, 41-08, 107-13 y 86-11. “La falta de ejecución o la discrecionalidad de su cumplimiento por parte de la administración, de lo que se juzga y de ordena en sede judicial atentan gravemente contra la seguridad jurídica del país, tal como denunció en su momento el magistrado Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional”, comentó Cruceta.
El Tribunal Constitucional en varias sentencias ha hecho un llamado de atención para que se garantice el cumplimento de lo que se juzga en contra de la administración.
Actualmente, el Poder Ejecutivo se prepara para someter una propuesta de reforma constitucional a la Asamblea Nacional el próximo 16 de agosto.
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