SANTO DOMINGO, República Dominicana: – En su justificación de allanamientos, el Ministerio Público detalla la actuación de cada persona enredada en la operación Calamar, por medio de la cual destapó la mafia que, presuntamente, era ejercida desde el Ministerio de Hacienda con la complicidad de funcionarios notables.
Según la documentación, el entonces director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe, se confabuló con Donald Guerrero y con los demás investigados, «para realizar de manera fraudulenta la compra de los terrenos correspondientes a las parcelas 25 y 31 del DC 8, (ubicándose en dicha demarcación el mercado de productos agropecuarios denominado Merca Santo Domingo), a través del CEA, con dicho acto ilícito desfalcaron al Estado dominicano».
«Para realizar dichas compras fraudulentas de terrenos, realizaron diversas maniobras fraudulentas, que conllevó a alterar la naturaleza del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Recibió sobornos de aproximadamente cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa pesos con cuarenta y cuatro centavos (RD$58,949,290.44), por parte de la estructura de corrupción para la realización de dichos actos ilícitos que conllevaron a la estafa y desfalco del patrimonio público.»
«Producto de dicho pago de soborno adquirió bienes inmuebles, constituyendo dicha acción en el tipo penal de lavado de activos, el investigado Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, contralor general de la República en el periodo 2016 2020.»
Caamaño Santana «prevaricó y realizó actos dolosos continuos e incompatibles con sus funciones públicas, utilizando la autorización de pagos basados en cesiones de créditos, además coalicionó con otros funcionarios públicos, encabezado por Donald Guerrero, el fenecido César Emilio Rivas y Luis Miguel Piccirillo McCabe.»
«El excontralor recibió pagos de sobornos como resultado de autorizaciones irregulares de libramientos sin cumplir las
formalidades de la ley, por lo que obtuvo pagos de soborno para su beneficio económico fruto de los actos criminales de
corrupción de aproximadamente DOP 366,039,672.05, entre diciembre 2019 y julio 2020.»
«Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para recibir beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones delictuales que autorizó desde la Contraloría General de la República. Para poder recibir los pagos indebidos, la estructura de corrupción utilizó como intermediario al asistente del despacho del excontralor general de la República, Ramón Aquilino Pérez Rojas, quien recibió dinero en efectivo entregado por Efraín Santiago Báez Fajardo, por instrucciones directas de Fernando Crisóstomo Herrera.»
«Por igual, la investigada Princesa Alexandra García, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, se coalicionó con los demás investigados en desfalcar y estafar al Estado dominicano aprobando los expedientes de expropiaciones sin los méritos necesarios para ser pagados, aun cuando analistas técnicos de su dirección hicieron la advertencia por escrito de las irregularidades que habían de esos expedientes, lo que los hacía inaplicables para ser objeto de pago, comprometiendo así su responsabilidad penal al avalar con su firma los libramientos que ordenaban el desembolso de los valores a pagar de los expedientes de expropiaciones, atendiendo exclusivamente al mandato del investigado Donald Guerrero, sin tomar en cuenta los plazos establecidos y los requerimientos formales para la realización de dichos pagos, todo esto con el fin de sustraer fondos del erario para el enriquecimiento de los miembros de la estructura y obtener fondos para financiamiento ilícito de campañas, como se ha establecido.»
«El investigado Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor legal del entonces ministro Donald Guerrero y director interino de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública en el periodo 2016-2020. En el proceso de los sucesores de Domingo A. Duluc, representados por el señor Génaro Arturo Quiñones Duluc, solicitó un soborno ascendente a la suma de cuarenta millones de pesos (DOP 40,000,000.00), para poder realizarle el pago de los terrenos expropiados, el cual lo recibió en su persona, con lo que se hace reo además de estafa al Estado al incrementar el pago para distraer los fondos.»
«En ese mismo orden, Andrés Guerrero, contralor del Banco de Reservas, violentó todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de «dispensador de efectivo» de la estructura. El referido contralor, a sabiendas de que esos fondos se sacaban de manera ilegal, ya que el mismo decía delante de personas de las cuales hoy hay testigo del Ministerio Público, que ese dinero era para campaña electoral.»
«Además, dispuso que gran parte del dinero distraído de manera fradulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Mimilo Jiménez; utilizando para el transporte de miles de millones de pesos, los camiones blindados del Banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, todavía más grave siendo el contralor, quien precisamente estaba llamado a evitarlo.»
«En cuanto al investigado Víctor Encarnación Montero, director técnico de la OISOE, participó en coalición con los
funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García y Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través los pagos realizados a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, asumido por el Ministerio de Hacienda, donde este investigado alteró el procedimiento de la OISOE, falseó datos sobre volumetría con el fin de preparar cubicaciones falsas, que justificaran trabajos adicionales no realizados y pagados mediante libramientos.»
«Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, directores de Casino y Juego de Azar, participaron de forma activa en «El Programa o El Proyecto», el cual consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por el investigado Donald Guerrero, por lo que recibieron grandes sumas de dinero en soborno. El programa se desarrolló en el Ministerio de Hacienda con la autorización y bajo instrucciones del investigado Donald Guerrero, donde Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Pablo Ortiz Giraldo y José Arturo Ureña, realizaban un cobro ilegal a los dueños de bancas de lotería y de bancas de apuesta, con el fin de permitirle la operatividad, así como el uso de las máquinas tragamonedas, cuando los dueños de comercio no realizaban el pago, el departamento de fiscalización del Ministerio de Haciendas, por instrucciones de los Directores de Casino y Juego de Azar cerraban las respectiva bancas. Dicho plan también incluía el pago por el uso de las tragamonedas en los denominados colmadones.»
«La estructura de corrupción planificó extraer fondos públicos del Estado, a través del Ministerio de Hacienda con la
participación directa de los investigados Donald Guerrero, en su condición de ministro de Hacienda, y en coalición con el
investigado José Ramón Peralta, todo con el fin de enriquecerse y favorecer la campaña política del investigado Gonzalo Castillo, quien recibió un aproximado de seis mil cuatrocientos cincuenta y siete millones (DOP$ 6,457,000,000.00).»
«Estos hechos constituyen coalición de funcionarios públicos con el objetivo de desfalcar y estafar al Estado dominicano, así como de cometer el ilícito de lavado de activo. El entramado de corrupción se valió de personas físicas, abogados, bróker, empresarios, ingenieros, supuestos sucesores de las parcelas investigadas para cometer los hechos ilícitos antes mencionados entre estos se encuentran los investigados: Ángel Lockward abogado en ejercicio privado, el cual se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, los cuales junto a los funcionarios públicos, investigados Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). Con dichos actos ilícito desfalcaron y estafaron al Estado dominicano. Estos distribuyeron sobornos, para la obtención de dichos pagos fraudulentos, a los funcionarios públicos, Donald Guerrero Ortiz, Claudio Silver, Belkiz Tejada, Emilio Rivas, los que se coalicionaron para realizar los referidos pagos.»
«Para la comisión de estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, de igual forma Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila.
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