República Dominicana: Los miembros de una subcomisión técnica que estudia la reforma integral a la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social contemplan la posibilidad de que sean establecidas 35 infracciones por violar esa normativa y analizan las sanciones y penalidades que se podrían aplicar por cometer esos delitos.
La información fue ofrecida por el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, quien preside la subcomisión técnica, que fue conformada el pasado 16 de septiembre para evaluar y proponer todos esos aspectos técnicos vinculados con la creación de la Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social, aprobada previamente por la comisión bicameral que estudia la pieza.
La subcomisión técnica está conformada, además de Rodríguez Restituyo, por el senador perremeísta Ricardo de los Santos y los diputados, también del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Margarita Tejada de la Rosa y Jesús Manuel Sánchez Martínez y de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo.
Al ser entrevistado por Diario Libre, el legislador del Frente Amplio, destacó que luego de aprobado el tema de las infracciones a la ley de la Seguridad Social en la subcomisión técnica que preside, esa decisión deberá ser ratificada por la comisión bicameral y, de agotar ese proceso, estará lista para presentar su informe a los plenos de ambas cámaras.
La comisión bicameral la encabeza el diputado perremeísta Agustín Burgos y el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista (Bauta) Rojas Gómez, funge como su vicepresidente.
Rodríguez Restituyo precisó que entre los delitos a la seguridad social que están contemplando establecer por ley figuran los vinculados al copago o pago de bolsillo, que muchas veces son exagerados, la negación de servicios en las emergencias de los centros asistenciales e indicaciones médicas inadecuadas.
Aportes graduales
También, Rodríguez Restituyo reveló que se ha planteado en la comisión bicameral, que estudia la reforma integral a la seguridad social, establecer mecanismos de aportes que se vayan incrementando hasta el 2030. Dijo que los aportes de los empresarios y del gobierno deberían ser graduales como forma de asegurar una seguridad social más digna, tanto en los servicios de salud y en las pensiones.
Reveló que los comisionados analizan establecer que las aportaciones del empresariado aumenten gradualmente hasta un 14 por ciento y de los trabajadores, hasta un 3 por ciento.
Para él esos mecanismos de gradualidad permitirían que los que menos recursos económicos tienen puedan pensionarse dignamente y que la población tenga acceso a medicamentos de calidad, a bajos costos y gratuitos, en los casos de quienes no puedan costearlos.
El congresista consideró que en el país existen modelos de pensiones dignas que pueden tomarse de ejemplo, como la de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es de un 100 por ciento de los salarios, las del Congreso Nacional y las del Banco Central. Sobre las últimas las consideró exorbitantes.
Precisó que los miembros de la comisión bicameral están buscando mecanismos de que todo el que genere recursos pueda contribuir a la seguridad social.
Manifestó que se está tratando de regular a los intermediarios y evitar que se lleven amplias ganancias en detrimento de los afiliados y del sistema de Seguridad Social.
“La salud no puede tener intermediarios. Las pensiones no pueden tener intermediarios que sean los mayores beneficiarios de la Seguridad Social”, analizó.
Al ser cuestionado sobre si se refería a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y a las Administradoras de Riesgos de Pensiones (AFP), se limitó a responder: “Yo creo que no debe haber intermediarios. Yo no sé si eso se llama ARS o AFP”.
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