SANTO DOMINGO.-Pese a las cifras emitidas por la Junta Central Electoral sobre las muertes por COVID-19 en el país, Salud Pública mantiene los datos de sus estadísticas que establecen que hasta la fecha han fallecido 4 mil 22 personas por el virus, menos de la mitad de los muertos que reporta el organismo de elecciones.
Debido a estas incongruencias en las actas de defunciones y otras debilidades, la Junta Central y el Ministerio de Salud acordaron promover la modificación de la Ley 658 para fortalecer el registro de nacimiento y fallecimientos.
Las cifras de muertes COVID-19 son validadas mediante estándares internacionales, según autoridades sanitarias, que aseguran que todas las defunciones notificadas por el organismo son confirmadas a través de pruebas diagnósticas.
Explican que algunos de los casos que reporta la Junta, por ejemplo, indican que la persona murió en un accidente de tránsito, pero también tenía COVID-19, sin embargo, es contabilizado como un fallecido por el virus.
El director de Epidemiología explicó que Salud Pública tiene el registro de las más de 8 mil 600 muertes que reporta la Junta, pero que esos casos fueron depurados para determinar cuáles corresponden a fallecidos por coronavirus.
"No hay tal disparidad como se ha presentado, la cantidad que tiene en el registro civil y lo que tiene Salud Publica son casi iguales son un par de casos menos", dijo Ronald Swekes.
En el encuentro de este martes entre el Ministerio de Salud y la Junta Central, ambas instituciones acordaron que se amplíen los plazos para los registros de algunas defunciones, desarrollar un sistema interconectado de información mediante el cual Salud Pública reporte al órgano de elecciones y que se generen las actas, sin necesidad de intermediarios.
Salud Pública se comprometió en revisar el formulario de defunción vigente con el fin de fortalecer la calidad de la información.
Jáquez Liranzo dijo que una de las propuestas de la JCE consiste en que se amplíen los plazos para los registros de algunas defunciones. Esto así, porque hay causas de muerte que, para ser determinadas, requieren de un tiempo adicional de análisis que choca con el plazo de tres días establecido por la ley para registrar una defunción.
“Esto ocurre en muertes por Difteria, Cólera, ingesta de metanol y otras en los que las analíticas para establecer la causa de muerte requieren de unos 10 días. En esos casos, se podría emitir un documento provisional a los familiares para que realicen los trámites ordinarios, hasta tanto quede definida la causa de muerte y entonces proceder a llenar el acta de defunción con la información ya confirmada” expresó.
Otro aspecto señalado por Jáquez Liranzo como elemento de mejora planteado en la modificación de la ley, y que contribuye a un manejo eficiente de datos, es el desarrollar un sistema interconectado de información mediante el cual Salud Pública reporte a la JCE y se generen las actas, sin necesidad de intermediarios.
En ese sentido, señaló que se propone mejorar el proceso para que cuando una persona fallezca en una comunidad, ya sea en un lugar específico o en la vía pública, el alcalde pedáneo se traslade a la sede provincial correspondiente del MSP para que allí se realice el llenado del certificado.
“Esto nos permitirá trabajar alineados y con las mismas estadísticas, porque estaríamos manejando la información de manera directa”, señaló.
De su lado, el ministro Daniel Rivera dijo que como institución se comprometen a revisar el formulario de defunción vigente, con el fin de fortalecer la calidad de la información que contenga, a fin de disminuir los errores.
“Hemos identificado que el formulario tiene renglones que se prestan a confusión al momento de ser completados y eso genera que, en ocasiones, no quede clara la causa de la muerte asentada”, explicó.
El encuentro se realizó en el despacho del magistrado Jáquez Liranzo y contó además con la participación de la directora de Registro Civil, Rhina Díaz, y Comunicaciones de ambas entidades, Carlos Suero y Suedi León.
Fuente: https://noticiassin.com
