Salir de su casa materna luego de cenar le deparó a Julio Andrickson Herrera Peña una traumática experiencia en manos de dos agentes policiales, cuyas consecuencias amenazan con dejarlo sin la visión de su ojo izquierdo.
Al hablar por teléfono con Diario Libre, el joven de 28 años relata que la madrugada del 23 de diciembre, horas después de haber llegado a Villa Riva para pasar el asueto de Navidad, salió a la acera del frente de su casa en el sector San Antonio, momento en que asegura pasaron dos agentes policiales en una motocicleta y le arrestaron alegando que violaba el toque de queda.
Herrera Peña afirma que no se resistió al arresto y fue llevado al destacamento municipal, donde al pedir que le dejaran hacer una llamada telefónica fue agredido por ambos policías, y uno de ellos le propinó un culatazo en el ojo izquierdo, golpe que le provocó un profuso sangrado y lo dejó casi inconsciente.
Explicó que luego fue llevado al Hospital Municipal Alicia de Legendre, en el que afirmó que a pesar de indicar que padece de anemia falciforme, solo “me limpiaron y saturaron la herida”, y después fue despachado y trasladado nuevamente al destacamento, donde “amanecí en el piso a pesar de que seguía sangrando, botando sangre por la boca, y donde temí que se me infectara la herida”.
Indicó que a la una de la tarde de ese día fue puesto en libertad. Fue llevado por sus familiares a un centro privado en San Francisco de Macorís, donde se la practicó tomografías que evidenciaron daños en varios huesos de la cara, así como trauma ocular en el ojo izquierdo.
De acuerdo con el certificado médico legal, expedido el pasado 28 de diciembre de 2020, el joven presenta “un trauma facial, fractura nasal, desviación del septum nasal, fractura molar, fractura del arco cigomático izquierdo, trauma cerrado ojo izquierdo conmoción o contusión retiniana”.
El pasado 6 de enero, Julio presentó junto a sus abogados una querella ante la Procuraduría Fiscal de la provincia Duarte, de la que Diario Libre tiene copia, sin recibir respuesta hasta el momento. “No, no me han llamado ni siquiera para tomar mi testimonio”.
Ante la gravedad de las lesiones que le ocasionaron los agentes policiales, Julio Herrera Peña necesita realizarse una cirugía, cuyo costo y posterior tratamiento suman alrededor de 200,000 pesos.
“Trabajo en un call center en el que ganó menos de 20 mil pesos mensuales y ahora estoy en FASE (la ayuda gubernamental para empleados)”, indica. Dinero que ha tenido que gastar en antibióticos, analgésicos y otros medicamentos para evitar que empeore la condición de su ojo izquierdo.
Julio tiene un hijo de tres años, al que “no he podido cubrir en sus necesidades como debo, ante esta situación”.
“No puedo respirar bien. Tengo que respirar por la boca, porque las fracturas que tengo alrededor del ojo y la nariz me impiden hacerlo con normalidad”, dice al asegurar que, aunque su condición de salud es de cuidado, ha tenido que reintegrarse al trabajo. “Tengo que hacerlo, no tengo de otra”.
Señala que muchos le dicen que no importa lo que se haga, estos hechos se encumbren, pero que confía que los policías –señalados en la querella como “agente Sánchez” y “agente Bryant”- sean amonestados. “Me gustaría que esos dos policías no estén más en la calle, y que otros sean dañados como me pasó. Sé que hay otros policías que hacen su trabajo, pero estos están maltratando a los ciudadanos”, expresa.
Para ayuda con el fin de cubrir los gastos de su cirugía y tratamiento se pide contactar al número 829-994-3525.
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