SANTO DOMINGO. – El coordinador de la Comisión de Energía del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Luis Castillo, manifestó este jueves la necesidad de que el Gobierno establezca políticas de tarifas sostenibles para el uso de la energía eléctrica en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y de zonas residenciales.
Al intervenir en el Conversatorio sobre Pacto Eléctrico, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario, Castillo dijo que la distribución es la médula espinal del proceso del pacto, ya que es la parte más crítica y la que más energía requiere.
Declaró la diferencia entre usuario regulado y no regulado es una capacidad establecida en la ley 55-01, donde se visualiza un desmonte que en su momento comenzó en 2.5 megas y que al momento está en 1 mega, dando a entender que la frontera que los divide está centrada en la capacidad de consumo y pago de quien la utiliza.
“Por encima de 1,000 kilos un usuario consumidor puede optar por ser usuario no regulado que es una licencia para poder comprar energía directamente en el mercado laborista, y por debajo de esa capacidad son los usuarios regulados que son los cautivos de las distribuidoras”, afirmó el también socio-fundador del CODESSD.
Sobre el pacto
La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla informó de que el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico se firmará a finales de enero
No obstante, aclaró, que la última palabra la tiene el Consejo Económico y Social (CES), donde convergen distintos sectores, “pero todo parece indicar que vamos a llegar a un feliz término respecto al pacto (eléctrico) antes de que finalice el mes de enero”, dijo.
La firma del Pacto Eléctrico fue pospuesta en dos ocasiones, el 21 de diciembre de 2017 y el 20 de febrero de 2019 por diferencias entre algunos sectores.
El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico está orientado a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del sector, según su documento base.
De acuerdo con ese documento, el pacto procura, además, eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas.
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