Tres abogados depositaron este jueves una instancia en la Procuraduría General de la República, en la cual piden a su titular Miriam Germán Brito, “dejar sin efecto” en un plazo de 24 horas el instructivo que emitió para cobrar multas a los ciudadanos, establecimientos y vehículos por violaciones al toque de queda y otras medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno para evitar el contagio del COVID-19 en el país.
El documento fue depositado por los abogados Rigoberto Rosario, Manuel Sierra (CARD No.219030-225-97) e Yvo René Sánchez Díaz (CARS No. 21477-133-99), vía alguacil. Fue recibido por la empleada Yanet Beato este jueves a las 2:25 de la tarde, según consta en los documentos.
Alegan que el documento “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento de toque de queda y prohibición de aglomeraciones”, emitido el 11 de este mes por la Procuraduría General, es contrario a la ley, por lo que piden que “se proceda a dejar sin efecto desde ahora y para siempre el auto administrativo”.
Los abogados advierten que de no obtemperar la magistrada Miriam Germán Brito, en su calidad de titular de la Procuraduría General de la República procederán a “encausarla por los crímenes de concusión, prevaricación, extorsión e enriquecimiento ilícito”.
Dicen que el instructivo contraviene la ley y que, sometiéndolo a los tribunales civiles y administrativos, procurarán la devolución de las “sumas de dinero astronómicas que han conseguido por aplicación arbitraria e ilegal, como consecuencias de la aplicación de la aplicación de una resolución, auto o acto administrativo, así como las correspondientes sanciones por su accionar contrario al derecho”.
Los abogados intimantes solicitan, además, una medida cautelar de “suspensión del Reglamento, auto o Instrucción General, al cual se adviene el presente acto”.
Luego de emitir el documento que es objeto de la intimación de los tres abogados, la Procuraduría General de la República recibió fuertes cuestionamientos en cuanto a la legalidad del mismo. Varios abogados y legisladores alegaron que era violatorio de la ley y la Constitución. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió una revisión del instructivo arguyendo que no estaban claras las bases legales sobre las cuales fue emitido.
Ante la situación, la Procuraduría anunció que había ordenado una revisión del documento y que mientras tanto se iban a continuar cobrando las multas basados en la Ley General de Salud que fija montos entre uno y 10 salarios mínimos, lo cual harían con el sueldo mínimo del sector público que estimó en RD$10,000.00. Con ello, dijo que las multas estarían entre los RD$10,000.00 hasta los RD$100,000.00.
Fuente: https://www.diariolibre.com
