El presidente electo Luis Abinader ha informado las futuras supresiones de al menos tres instituciones gubernamentales durante su mandato. Una medida similar fue tomada por el actual gobernante, Danilo Medina, quien en su primera gestión eliminó, cuando menos, seis organismos del Estado.
El Despacho de la Primera Dama y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) serán eliminadas por Abinader a partir del próximo 16 de agosto.
También que será fusionado el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con la Dirección General de Bienes Nacionales.
Sin embargo, Danilo Medina retiró el funcionamiento de unas seis instituciones: el Consejo Nacional de Reforma del Estado, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.
Luego, en distintos decretos, fue tachando la Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología; la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas y la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible.
Los decretos detallan que dos de estas instituciones fueron refundadas u reorganizadas bajo otras funciones. Los demás organismos no fueron reestructurados debido al fin de su vida útil al menos como órgano único.
Consejo Nacional de Reforma del Estado
El 8 de enero de 2001, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), fue creado el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), bajo el decreto 27-01.
El artículo número 1 indicaba que su propósito principal era el de orientar la readecuación de las “instituciones dominicanas para que sean democráticas, transparentes, eficaces y eficientes, para convertirlo en un instrumento del desarrollo equilibrado y sostenido de la sociedad dominicana, a la justicia y equidad, la que sustituye con nuevas atribuciones, a la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, creada mediante el Decreto No. 484-96 del 30 de septiembre de 1996”.
También tenía como intención recomendar disposiciones administrativas y proyectos de leyes que contribuyeran al proceso de Reforma del Estado.
El gabinete del Conare era presidido por los presidentes de la República, Senado, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas; así como los secretarios de la Liga Municipal Dominicana, de la Presidencia y de Estado de Finanzas, entre otros.
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia
El 15 de enero de 1998 el expresidente Leonel Fernández, durante el período 1996-2000, ordenó mediante el decreto 23-98 que la Comisión Nacional de Apoyo a la Reforma Judicial sería denominada Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (Camj).
Su misión era concertar, coordinar e impulsar esfuerzos de todos sectores del Estado y de la sociedad civil para facilitar el proceso de modernización del sistema de administración de justicia.
También entre sus objetivos estaba reflexionar sobre el sistema de administración de justicia; promover iniciativas para su modernización y apoyar el surgimiento y desarrollo de proyectos en las instituciones del sistema del sector justicia; así como prestar asesoría, capacitación e información a los programas y proyectos que los diversos actores ejecutaran.
Con esta transformación, el Comisionado fue coordinado por Aura Celeste Fernández Rodríguez.
Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal
Durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) se creó la Comisión Nacional de Ejecución (CONAEJ) de la Reforma Procesal Penal, por medio del decreto 420-02.
Sus funciones era dirigir, dar seguimiento y orientar el proceso de puesta en marcha de la reforma procesal penal.
Con su establecimiento se dispuso que fuera presidida por la vicepresidenta de la Republica del citado período, Milagros Ortiz Bosch; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; el presidente del Senado de la Republica; el presidente de la Cámara de Diputados; el Procurador General de la Republica, entre otros funcionarios.
Luego de su fundación el 6 de junio de 2002 tenía como proyecto la aprobación del Plan Nacional de Implementación del Código Procesal Penal y asegurar la coherencia y la coordinación de todos los procesos de cambio para la implementación de la reforma procesal penal que se estaban operando en todas las instituciones del sector.
Además el de mantener informada a la población sobre los avances y los problemas del sector justicia y formalizar, ante la opinión pública; un Pacto Social por la Justicia que incluyera el compromiso de la implementación de la reforma y del fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, según detalla el decreto.
Tres instituciones derogadas en un mismo decreto
El 7 de septiembre de 2012, 19 días después de la primera juramentación presidencial de Danilo Medina, se suprimieron por decreto 545-12 el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (Carmj) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej).
El artículo 2 indica que el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, procedería a la reubicación, si aplicaba, del personal de las tres instituciones antes de los 60 días próximos a la disposición gubernamental.
Mientras que los planes y programas que estaban siendo ejecutados por estos organismos fueron asumidos por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública.
El Ministerio de la Presidencia tuvo a su cargo los bienes inmuebles, espacios físicos y activos utilizados por las tres instituciones.
Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología
El 18 de enero de 2002, el exmandatario Hipólito Mejía creó la Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología (Cocecyt), de acuerdo con el decreto 56-02.
Su misión era impulsar actividades de cooperación interinstitucionales en República Dominicana y en el ámbito mundial para promover proyectos educativos para la formación y superación de recursos humanos.
La institución, adscrita a la Presidencia de la República, buscaba desarrollar la consultoría en gerencia de ciencia y tecnología, así como coadyuvar a la transferencia y la innovación tecnológica, describe el decreto.
Justo una década después, el 27 de noviembre de 2012, Danilo Medina suprimió las funciones de la Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología.
Entre las razones señaladas en el decreto 647-12 se indica que diez años después de creada la oficina, diversos ministerios habían diseñado, formulado e implementado políticas públicas tendentes a lograr avances significativos en la ciencia y la tecnología, entre otras áreas.
Al igual que las anteriores supresiones, los bienes inmuebles fueron traspasados al Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, los planes y proyectos iniciados fueron asumidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas
Hipólito Mejía creó bajo el decreto 755-02 la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas (Opidemo).
A partir del 20 de septiembre de 2002 la Opidemo tenía a su cargo apoyar al presidente de la República en sus relaciones con los demás poderes del Estado, con los partidos políticos y con la sociedad civil.
También contribuir al fortalecimiento de los procesos de Reforma del Estado y cooperar con las políticas comunicacionales del gobierno central.
Esta oficina tenía su sede en el Palacio Nacional y fue asignado Rafael Taveras, como Director Ejecutivo de la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas.
Danilo Medina suprimió la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas por medio del decreto 648-12, dado a conocer el 23 de noviembre de 2012.
Las razones citadas en el decreto estuvieron basadas en que diez años después de su establecimiento, “los ministerios de Estado correspondientes han diseñado, formulado e implementado políticas públicas tendentes a lograr avances significativos en las áreas citadas”.
Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible
Leonel Fernández, en su segundo mandato presidencial (2004-2008), instauró la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible, según señala el decreto 1215-04, del 16 de septiembre de 2004.
En esta disposición se le describió como una “institución multisectorial promotora de la colaboración interinstitucional entre las agencias gubernamentales, las autoridades locales, el sector privado, la sociedad civil y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país con la finalidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio”.
En cambio, ocho años después de su creación Danilo Medina decidió suprimir sus funciones en vista de que durante el período cumplió con su cometido.
Sus planes y proyectos pasaron a ser administrados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Al igual que en los casos anteriores, se dispuso que el personal fuera reasignado en al menos 60 días y que el Ministerio de la Presidencia estuviera a cargo de los bienes inmuebles, espacios físicos y activos.
Despacho de la Primera Dama y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
El presidente electo Luis Abinader informó el pasado 9 de julio, tras una reunión en el Palacio Nacional, que iba a eliminar el Despacho de la Primera Dama, que encabeza en la actualidad Cándida Montilla, esposa del mandatario Danilo Medina.
Pese a su supresión, dijo que continuarían los programas sociales que son realizados mediante el Despacho.
El Despacho de la Primera Dama fue creado por el decreto 741-00, el 10 de septiembre del 2000. Su eliminación sería después del 16 de agosto, día de la juramentación de Abinader.
“Es una instancia técnico-administrativa, adscrita a la Presidencia de la República que tiene como uno de sus objetivos impulsar y promover los planes, políticas públicas, proyectos e iniciativas que desarrolla el Gobierno. Esto para dar respuesta a las necesidades apremiantes del sector educación, mujer, familia y desarrollo sostenible”, indica la descripción de esta institución.
La tarde del martes 21 de julio Abinader dio a conocer en su cuenta de Twitter la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
“A partir del 16 de agosto será eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), como parte de la reestructuración y eficientización del Estado”, tuiteó el presidente electo.
El 25 de noviembre de 1987 fue creada la Oisoe a través del decreto 590-87, “con la finalidad de supervisar la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades, tales como construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado”.
La nómina más reciente indica que cuenta con 481 empleados y un presupuesto asignado de 8,679,779,575 para 2020.
En los últimos años la Oisoe ha sido vinculada con actos de corrupción y escándalos que sobresalieron en la prensa nacional.
Uno de estos fue el suicidio del arquitecto David Rodríguez, quien en 2015 se quitó la vida tras extorsiones y el cumulo de deudas, de acuerdo con una carta escrita por la víctima.
A seis años fue condenado Alejandro Isidoro de los Santos, encargado del departamento de edificaciones escolares de OISOE; y a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez, cada uno.
CDEEE
Aunque el presidente electo Luis Abinader no ha anunciado las modificaciones que se efectuarían en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rafael Velazco dijo que la institución sería eliminada en los próximos seis meses.
Velazco, quien forma parte del equipo energético del próximo gobierno, dijo que el sector eléctrico estaría a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
En el año 2002, durante el gobierno de Hipólito Mejía, se reconoció la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mediante los decretos 647-02 y 648-02.
Desde entonces la CDEEE tiene entre sus funciones “liderar y coordinar las Empresas Eléctricas Estatales, llevar a cabo programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad”.
En cuanto al Ministerio de Energía y Minas, fue establecido a través de la ley 100-13, y se encarga de la promoción del desarrollo y sostenibilidad del sector de hidrocarburos; de mantener una infraestructura energética de forma segura y adecuada; también de fiscalizar y promover el crecimiento del sector minero.
Fusiones
El 23 de julio el presidente electo, Luis Abinader, informó que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales.
Con esta nueva disposición, Abinader indicó que no se venderán propiedades del Estado a particulares, y que aquellos terrenos disponibles se utilizarán en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico.
De acuerdo con el portal web, el CEA es una dependencia de la Presidencia de la República, creado mediante la ley número 7 del 1966, que sirve para “planificar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para promover y fomentar la producción de caña de azúcar en el país”. La nómina hasta el mes de junio era de 38,439,788.14 pesos y 1,954 empleados.
El CEA es una institución sonada en los últimos años por varios casos de corrupción. Uno de estos desencadenó los asesinatos a tiros de los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, y de heridas de bala de la secretaria Dayana Isabel García.
El crimen, ocurrido en una estación de radio de San Pedro de Macorís, estuvo vinculado a la venta de 75 tareas en el distrito catastral de Pedro Santana.
Mientras que la Dirección General de Bienes Nacionales, donde será funcionado el CEA, fue creada bajo la ley número 1,832 del 8 de noviembre de 1948.
Su función es velar por el registro y el inventario de los bienes del Estado así como su administración. Lo que quiere decir que la Dirección General de Bienes Nacionales también se encarga de los asuntos vinculados a la materia legal que se presenten en las solicitudes de viviendas o terrenos de ciudadanos.
Para 2020, de acuerdo con el presupuesto publicado en la página de Bienes Nacionales, se aprobó 892,789,651 pesos, divididos en contratación de servicios, remuneraciones y contribuciones, obras y transferencias , entre otros gastos.
Más eliminaciones
La senadora electa y actual diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, dijo que a partir del 16 de agosto introducirá al Senado de la República el proyecto para la eliminación de al menos 58 instituciones del Estado.
Entre las entidades que se podrían suprimir, debido a su duplicidad, podrían ser el Consejo Dominicano del Café, el Instituto Azucarero Dominicano, el Consejo para el Cambio Climático y Desarrollo Limpio, el Consejo Nacional de Agricultura, el Instituto Nacional del Tabaco, los Comedores Económicos del Estado, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la Uva, Consejo Estatal del Azúcar, Proyecto de la Cruz de Manzanillo, entre otras.
Con la eliminación de estas instituciones el Estado se ahorraría aproximadamente 15,810,594,403 de pesos.
