Durante la pasada contienda electoral al expresidente Leonel Fernández se le preguntó en televisión en más de una ocasión sobre el tema de la legalización del aborto. En cada oportunidad, Fernández se mantuvo al margen de articular su opinión sobre el particular y le pasaba la papa caliente al poder judicial. Lo hacía tan sutilmente que ni se quemaba ni sudaba a medida que lograba pasar la página hacia un tema de menos controversia con la aquiescencia de algunos miembros de la prensa.
Como todo buen catedrático, Fernández escuchaba atentamente la pregunta y daba inicio a su respuesta con una obertura descriptiva sobre el estado de cosas. En ese sentido, hacía referencia al artículo 37 de la Constitución de la República y cómo el mismo garantiza el derecho a la vida refiriéndose a él como uno de carácter “inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Seguido, Fernández pasaba al código penal y decía cómo este, basado en la cláusula constitucional antes mencionada, penaliza el aborto.
Finalmente, hablaba de las famosas tres causales y cómo ellas se pueden viabilizar por medio del Tribunal Constitucional, eludiendo así el proceso democrático de legislación en la Cámara de Diputados y el Senado.
Así concluía el libreto de su respuesta y, para la frustración del ciudadano que con todo el derecho deseaba saber su posición, quienes le hacían la pregunta no insistían. En cambio, parecían conformarse con aquel discurso elusivo sin exigir que emitiera su opinión más allá de la disertación aparentemente imparcial, pero claramente a favor de legislar a través del poder judicial.
Dicho eso, cabe señalar que la práctica de legislar desde la judicatura constituye una afrenta para el Estado social y democrático de derecho al cual Fernández se refiere con tanta frecuencia en sus diferentes comparecencias políticas y académicas. Ello se debe al hecho de que la legislación judicial permite la evasión del debido proceso democrático; proceso que, en principio, exalta la voluntad popular encarnada en el cuerpo congresual quien es que tiene, a su vez, el poder constitucional no nada más de legislar, sino también de fiscalizar y representar el mejor interés de los hijos de esta patria, incluyendo los derechos de los bebés que todavía no han visto la luz del día, pero cuyos corazones palpitan indicando que tienen vida. Y si tienen vida, también derechos que deben ser defendidos por nuestros líderes elegidos, no por jueces nombrados que, sobre la base de cualquier tecnicismo, pueden poner en peligro la vida de los no nacidos.
Como buen abogado, en el desarrollo de su respuesta, Fernández aludió a precedentes jurisprudenciales que, ciertamente, validan su argumento de que el aborto se puede despenalizar por vía del poder judicial sin necesidad de pasar por el cedazo congresual. En tal sentido, Fernández hizo referencia, específicamente, a los casos de España y Estados Unidos de Norteamérica. En esos dos casos, así como en la gran mayoría de las instancias en que el aborto ha sido legislado desde la banca judicial, se legalizó la interrupción del embarazo sin mayores sonrojos ni arrebatos, a pesar de que se violentó descaradamente el proceso democrático. Por vía de consecuencia, entonces, podríamos inferir que el expresidente Fernández podría estar a favor de la despenalización del aborto pues, sobre la base de esos precedentes, si el tema del aborto lo conoce el Tribunal Constitucional, como sugiere el expresidente, es muy probable que RD corra la misma suerte y termine con una realidad donde sea legal darle muerte a la criatura dentro del vientre.
No cabe dudas de que la manera en que Fernández Reyna contestó la pregunta sobre el particular obedece a un cálculo político donde quiso, indudablemente, quedar bien tanto con Dios como con el diablo. Siendo eso categóricamente imposible, es muy probable que el expresidente haya enajenado a una legión significativa tanto de ángeles como de demonios en su esfuerzo por conquistar votos. Evidentemente dichos esfuerzos no fueron suficientes para que Fernández saliese electo presidente nuevamente.
Al decir esto es también preciso señalar que Fernández obtuvo una victoria relativa en el sentido de que posicionó a su recién nacida “Fuerza del pueblo” como la segunda fuerza en el Senado y la tercera en la Cámara de Diputados.
En mi opinión, desde esas posiciones el expresidente tiene la oportunidad de asumir una posición diáfana y sincera en torno al derecho a la vida. Tiene la alternativa, por un lado, de proceder como Pilato lavándose las manos mientras los jueces deciden si los bebés pueden o no ser crucificados. Por otro lado, tiene la gran oportunidad de reafirmarse como un paladín del Estado social y democrático de derecho utilizando a su joven, pero formidable “Fuerza del pueblo” para ponerle freno a la embestida contra la vida que los perremeístas llevan tiempo maquinando y que, a partir del 16 de agosto, tendrán el poder para ejecutar. Este proyecto del nuevo partido oficialista es uno que, si bien en apariencia parece benévolo pues lo venden como un paso al frente en la batalla por los derechos de las mujeres, en esencia es perverso pues, a fin de cuentas, si tiene éxito, legalizaría el efectivo asesinato de seres humanos.
Fuente: https://listindiario.com
