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Economía

El azúcar amarga, otro débil proyecto de Ley de Aduanas

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De haberse ratificado aquel proyecto de Ley de Aduanas que aprobó el Senado en el año 2015, ya hubiéramos presenciado la destrucción institucional de la DGA; una explosión de los delitos aduaneros, especialmente del contrabando y la subvaluación; el destrozo total de las recaudaciones; una explosión de la informalidad; la destrucción de los avances logrados desde el 1992 y, en resumen, una nefasta contrarreforma del servicio aduanero dominicano.
El 5 de mayo de 2015 publiqué un amplio artículo en este medio titulado “Aprobación de Ley de Aduanas, un grave error del senado”, en el que advertí sobre aquellos potenciales peligros. En respuesta, el senador Charlie Mariotti rubricó una ardorosa defensa del proyecto, pero los diputados ni siquiera lo debatieron y allí murió, para fortuna del país.

A finales del 2016, el senador Rafael Calderón introdujo el mismo proyecto y transcurrieron casi cuatro años para que el Senado volviera a producir una nueva versión, tras haberle hecho cientos de ajustes, muchos de los cuales fueron promovidos por los mismos personajes utilitarios que defendieron a capa y espada el adefesio del 2015. El tiempo nos dio la razón. Pero el nuevo proyecto, un poco mejor que el anterior, sigue siendo peor que la ley actual y derivará en un retroceso y resquebrajamiento de la aduana.

Está demostrado que los problemas de la aduana dominicana, cuando los ha habido, han sido de gestión, de gerencia, y no por falta de una nueva ley. Por el contrario, cuando han sucedido administraciones fallidas, corruptas, y se han cebado sobre la aduana la subvaluación, el contrabando y demás ilícitos, la ley 3489-53 ha sido el gran soporte para guiar tanto la recuperación del orden institucional como los montos escamoteados.

Hay quienes han pretendido vender la falsa idea de que cualquier cosa sería mejor que la ley actual y eso explica, en parte, el error cometido en 2015. El escenario ha sido aprovechado por santos y diablos. Los mejores, bajo el ingenuo objetivo de compilar en un solo tomo la dispersión existente; los peores, para deshacerse del riguroso esquema actual de sanciones y crear un escenario de “facilitación” y del “debido proceso” a gusto.

Erróneamente, algunos creen que la calidad radica en la cantidad, en repetir cosas, y eso es lo que explican los casi 400 artículos que contiene el abultado proyecto. Se repite otro desafortunado error con la inclusión de temas relacionados con la importación de azúcar que representaría una violación a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al DRCAFTA y al EPA.
Antes, en la versión del 2015, ciertos intereses quisieron incluir una exención arancelaria para las importaciones de hasta 200 dólares, bajo la falsa premisa de dar cumplimiento a un inexistente compromiso del DR-Cafta.

Por cierto, algunos estamos convencidos de que la Rectificación Técnica de la OMC no está en vigencia y que, por tanto, no existen las restricciones a las importaciones de azúcar y restantes 7 productos incluidos en dicho mecanismo. Es un tema interesante que abordaremos luego.

Hemos propugnado por la construcción de una nueva aduana y nos hemos empeñado, arriesgado incluso, en impedir los retrocesos. Consolidar una gestión integral simplificada, segura, ágil, competitiva, que promueva la transparencia, la equidad y el cumplimiento, el equilibrio entre facilitación y control sobre la base de gestionar los riesgos y privilegiar la formalidad, del despacho aduanero aprovechando los avances que se han logrado en los últimos 28 años. Está demostrado que se recauda más y mejor reduciendo los tiempos.

La aduana merece dar un salto cualitativo y cuantitativo a favor de exportadores, de la industria y del comercio en general. El nuevo esquema de despacho debe partir desde la recepción o colocación de una orden de compra por parte de un exportador o un importador y bajo el concepto de un solo paso.
La declaración, los manifiestos de carga, los conocimientos de embarques o guías aéreas, los bancos de datos referenciales son las bases suficientes para ejercer la labor de control y fiscalización del comercio transfronterizo; para garantizar una lucha eficiente en contra de los ilícitos y la entrega rápida de las mercancías a los actores confiables.
Expusimos aquella idea unos años atrás en el foro de la Organización Mundial de Aduanas con gran aceptación. En el año 2015, cuando buscábamos ubicar a la aduana dominicana entre los primeros 10 lugares del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, tras haber alcanzado la histórica posición 24, entre 189 países evaluados, propuse que el despacho se hiciera con solo dos documentos digitales y reducirlo a solo uno al año siguiente. Faltó tiempo y no una nueva ley; pues se trata de voluntad, determinación y visión, como demuestran los hechos.

Es necesario volver a orientar los esfuerzos en esa dirección que dio como resultado, también, la firma en diciembre del año 2015 de acuerdos de reconocimiento mutuo del Programa del Operador Económico Autorizado con la aduana de los Estados Unidos y la de Korea del Sur.

Una nueva ley tiene que ser construida con sumo cuidado y sabiduría. Se debe propiciar la ética, la honestidad, la capacidad operativa y el soporte técnico, como garantías de éxito. Pero el nuevo proyecto no augura un escenario mejor que el que advertimos en el 2015. Hay que comprender que la evolución tecnológica y el conocimiento alcanzado por la humanidad desde los años 50 a la fecha deben favorecer la eficiencia. Luce ilógico que la aduana dominicana involucione desde menos de 210 artículos hacia un código con 394, más sabrá Dios qué cantidad de reglamentos, normas y resoluciones.

FUENTE:hoy

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Impuesto a primera placa de vehículos alarma a ‘dealers’

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La intención de cobrar por anticipado el impuesto de 17% de la primera placa a los vehículos y motocicletas importados ha generado gran inquietud entre los comerciantes de automóviles, que ya han advertido de que si se aplica esta medida muchos dealers desaparecerían del mercado.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), Ángel Alberto Then, explicó a Listín Diario que, de aplicarse esa disposición para sacar la placa de cien vehículos, un importador tendría que disponer, inmediatamente, de siete u ocho millones de pesos, sin garantía de que los va a recuperar.

Por la primera placa de un vehículo, un importador pagaría más de 76,000 pesos, según datos proporcionados por Then. Ese impuesto se cobra sobre el valor CIF, que incluye costo, seguro y flete del vehículo.

“Eso va a subir los precios, va a hacer que muchas empresas quiebren. Esta medida va a afectar la economía de todas esas personas que tienen que ver con nosotros y se van a reducir los ingresos fiscales del Estado porque vamos a poder importar menos”, advirtió el presidente de Asocivu, una organización que agrupa a más 200 dealers locales que importan alrededor de 18,000 unidades por año.

Then señaló que muchas empresas del sector operan con dinero prestado que recuperan cuando venden la mercancía, además de que pagan el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) y otros gravámenes, antes de vender los vehículos.

El presidente de Asocivu dijo que no tiene sentido pagar una placa por adelantado para almacenarla en una gaveta, hasta que se venda el vehículo.  Con esta medida, agrega, el Gobierno podría lograr un efecto contrario porque, en vez de aumentar las recaudaciones, se reducirían, porque entre 20 y 30% de los dealers podrían desaparecer.

La medida

En la página 85 del “Proyecto de Ley de Presupuesto general del Estado 2020” se establece que se tomarán “las medidas necesarias para asegurar que la entrega de la placa se realice antes de la salida de los vehículos de los puertos, con fines de que las motocicletas y los vehículos transiten debidamente identificados, ayudando a la seguridad ciudadana, principalmente por los acontecimientos delincuenciales ocurridos en motocicletas sin placas”.

Esta forma parte de las medidas y acciones que implementarían este año la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) para aumentar las recaudaciones; mitigar la evasión y la elusión tributaria, y racionalizar el gasto tributario, precisa el documento.

DETALLES

Significado CIF El valor en aduana o valor CIF es el valor real de la mercancía en el momento de su despacho. Es la base sobre la que se calculan los impuestos, y por ello es de vital importancia que se calcule correctamente.

Primera placa Según datos proporcionados por Ángel Alberto Then, por la primera placa de un vehículo, un importador pagaría más de 76,000 pesos.

FUENTE:listindiario

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Un temblor de gran magnitud afectaría miles de casas en GSD

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Ante un terremoto de gran escala en el Gran Santo Domingo, de 6.4 en la escala Richter, por ejemplo, de entrada ocurrirían más de 20,000 muertes y miles de viviendas afectadas, entre otros males, según un mapa de escenario del Servicio Geológico Nacional (SGN) que sugiere implantar un programa de educación en escuelas, universidades y las instituciones públicas y privadas, un plan de contingencia, capacitación en los cabildos, actuación de las autoridades la Comisión Nacional de Emergencia (COE), comité técnico, Defensa Civil y evaluación y reforzamiento de infraestructuras vitales, y centros de salud, entre otros.

El SGN tiene varios escenarios frente a terremotos y tsunamis en el país, mapas de zonificación y recomendaciones frente a los desastres, de forma que las personas y empresas puedan conocer que no pueden tener objetos cerca que puedan dañarlos y de que en caso de evacuación no se resguarden debajo de edificios o cerca de postes de energía eléctrica, entre otras medidas.

En el país, la gente construye de manera informal sin tomar en cuenta los materiales necesarios para tener una vivienda segura, como tampoco tiene la suficiente preparación para hacer frente a este tipo de fenómenos naturales, según explicó Muñoz en compañía de Vladimir Guzmán, especialista en ingeniería industrial y geotérmica y estudios sísmicos y de zonificación; y Jésica Pérez y Jéssica López, geólogas.

Resultados de estudios
Zona de cuidado

La falla más peligrosa de la isla es la que atraviesa a la ciudad de Santiago, la cual presenta un alto riesgo frente a un sismo de gran magnitud, según el estudio hecho por los especialistas del SGN.

Alcaldía se interesa
Jéssica Pérez sostuvo que a la Alcaldía del Distrito interesó en el estudio de distribución de suelos para integrarlo a su plan de ordenamiento territorial.

Para facilitar rescate
Por la Ley 176-07, los cabildos están obligados a tener un área de gestión de riesgo, planeamiento urbano y gestión de territorio para que en cada barrio se sepa el tipo de casa.

FUENTE:listindiario

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Gobierno deja fuera del presupuesto plan para regenerar las playas

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El Ministerio de Turismo ya no tendrá este año entre sus proyectos de inversión la regeneración de las playas, un plan que ha estado en preparación para su ejecución desde hace años, pero que ahora se queda sin recursos.

El Presupuesto General del Estado 2020 no incluyó el proyecto, cuyo costo era de 777 millones de pesos y para cuya ejecución hay una empresa autorizada desde hace casi cuatro años. Se solicitó información a los ministerios de Turismo y Hacienda sobre las razones por las que se excluyó la regeneración de las playas de la asignación de recursos presupuestarios de este año, pero no se había recibido respuesta para el momento de esta publicación. Por su parte, fuentes de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) dijeron no tener información sobre las razones por las que el gobierno excluyó el plan de regeneración de los proyectos de inversión planeados para este año.

Con el mismo se esperaba acondicionar las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Bayahibe, las de Arena Gorda-Cortecito, Macao y Cabeza de Toro en Punta Cana, así como las de Cosón, Las Ballenas-Punta Popy, Punta Popy y Playa Bonita, en Samaná, y playa Cofresí, en Puerto Plata, y El Morro y Juan de Bolaños-Costa Verde, en Montecristi

Cuando el despacho turístico presentó el plan en el año 2016 calificó de urgente su aplicación, debido al ritmo de erosión acelerado que presentan las playas y el efecto significativo que puede tener sobre la actividad turística.

El turismo es la segunda fuente más importante de divisas para el país, con un 5,767.2 millones de dólares registrados entre enero y septiembre del año pasado por esa actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Dominicana.

Para la aplicación del plan de regeneración de las playas resulta necesario el acceso de un endeudamiento por un máximo de 70 millones de dólares que, según los presupuestos en los que sí estaba incluido, debía ser concertado con la banca internacional a una tasa de interés compatible con la vigente para la República Dominicana y con un plazo mínimo de siete años.

En septiembre del año pasado el viceministro de cooperación internacional, Fausto Fernández, indicaba que el Programa de Regeneración de Playas en la República Dominicana “se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido y se encuentra agotando el amplio proceso de evaluación, validación, etcétera, que normalmente este tipo de proyecto requiere, en un país con el potencial de desarrollo turístico como el que tiene la República Dominicana, y donde este insumo es una parte fundamental de nuestra oferta turística”.

Una imagen de la erosión en El Cortecito, en Bávaro, en 2019.
Una imagen de la erosión en El Cortecito, en Bávaro, en 2019. ( )

Más de 60 % de los turistas que visitan el país lo hacen por sus playas del Este, una de las zonas más afectadas por la erosión. De acuerdo a la Encuesta de Opinión Actitud y Motivación a Extranjeros Residentes de 2018, que es la última disponible, un 35 % de los visitantes eligen la República Dominicana por la calidad de las playas.

El único plan que se mantiene en el Presupuesto General del Estado 2020 por otro año más del Ministerio de Turismo es el Programa de Turismo Sostenible Ciudad Colonia Fase II, por 518 millones de pesos aportados a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta etapa del plan también arrastra retrasos, pese a que la fuente de los recursos ya está asegurada desde el año 2011. Un desencuentro en la forma de ejecutar el proyecto por parte del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional fue un factor, y luego fue en noviembre pasado que el Congreso Nacional aprobó ese endeudamiento.

FUENTE:diariolibre

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