Las juristas sustentan la iniciativa en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La jueza emérita del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez Martínez y la exprimera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), Vanahi Bello Dotel, depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral al Código Penal dominicano para incorporar la violencia vicaria y fortalecer la protección contra la violencia doméstica, intrafamiliar y de género contra la mujer.
La iniciativa fue recibida por la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y remitida al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco Osoria, durante la actual legislatura, cuyo período ordinario concluye el 26 de julio de 2026.
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Las proponentes plantean modificar la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal, al considerar que algunas disposiciones representan un retroceso en materia de protección a las víctimas de violencia de género.
Entre los puntos cuestionados se encuentra el artículo 127 del Código Penal, que, según las juristas, sustituyó el concepto de “género” por “sexo” y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.
Asimismo, señalaron vacíos en el artículo 124, entre ellos la falta de una definición legal de violencia física, pese a que esta conducta está sancionada por la propia norma, además de una excepción de responsabilidad penal vinculada a la disciplina de niños, niñas y adolescentes que consideran incompatible con el artículo 56 de la Constitución dominicana.
La propuesta contempla incorporar definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital, así como establecer la violencia vicaria como un delito autónomo y eliminar el párrafo IV del artículo 124.
Las juristas sustentan la iniciativa en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Jiménez Martínez y Bello Dotel, la propuesta busca realizar una corrección técnica al Código Penal para fortalecer su constitucionalidad y compatibilidad con compromisos internacionales, y no responde a una iniciativa de carácter ideológico.
FUENTE: https://elnuevodiario.com.do/d
