Asociaciones turísticas piden revisar aplicación del cobro por Ley de Residuos Sólidos

El presidente de Adotur, Bladimir Monegro, quien fungió como vocero de las organizaciones, explicó que las agencias de viajes, los turoperadores, los mayoristas turísticos y otras empresas intermediarias manejan elevados volúmenes de facturación por cuenta de terceros….

SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Asociaciones del sector turístico solicitaron este martes al Gobierno revisar la aplicación de la contribución establecida en la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que el esquema actual afecta de manera desproporcionada a las mipymes de esa actividad económica.

La petición fue realizada de manera conjunta por la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (Adotur), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Organización de Profesionales del Turismo (Opetur) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (Asoture).

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Durante una rueda de prensa, las entidades plantearon la necesidad de instalar una mesa técnica con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y demás instituciones competentes para evaluar la forma en que se aplica el cobro dentro de la cadena de comercialización turística.

El presidente de Adotur, Bladimir Monegro, quien fungió como vocero de las organizaciones, explicó que las agencias de viajes, los turoperadores, los mayoristas turísticos y otras empresas intermediarias manejan elevados volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y generan una cantidad de residuos que no guarda proporción con esos ingresos, según detalla un comunicado de prensa.

«Somos mipymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico», expresó Monegro.

Las asociaciones señalaron que un mismo servicio turístico puede ser objeto del cobro en varias etapas de la cadena comercial. Explicaron que una agencia minorista puede adquirir un servicio de un mayorista; este, a su vez, contratar un hotel, un servicio de transporte o una excursión, y cada uno de esos actores quedar sujeto nuevamente a la contribución, aunque no todos generen residuos sólidos en la misma proporción.

A juicio de las organizaciones, ese mecanismo incrementa los costos operativos, reduce la competitividad y ejerce presión sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas formales, especialmente de las mipymes del sector.

Las entidades aclararon que respaldan los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y la gestión responsable de los residuos sólidos, pero sostienen que la aplicación de la contribución debe responder a los criterios técnicos previstos en la propia legislación.

Indicaron que la ley establece que la fórmula de cobro debe considerar factores como la cantidad de residuos generados, el tipo de actividad económica, los ingresos y los beneficios obtenidos, por lo que entienden que su planteamiento busca una aplicación proporcional y coherente con esas disposiciones.

Las asociaciones también solicitaron mayor transparencia sobre los recursos recaudados mediante esta contribución, así como información sobre los proyectos ejecutados, los resultados alcanzados y los mecanismos de fiscalización relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos.

«Antes de establecer aumentos desproporcionados, el país debe conocer con claridad qué se ha hecho con los fondos recaudados, cuáles resultados se han obtenido y cómo se está impactando realmente la gestión de los residuos sólidos», manifestaron.

Las organizaciones reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades para construir una solución que permita cumplir los objetivos ambientales de la ley sin afectar la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad financiera de las mipymes turísticas.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

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