Por: Emilia Santos Frias
“La trata de personas es una violación a los derechos humanos que envuelve abuso y explotación”. Ante esta realidad, es pertinente que la población dominicana se comprometa en ser vigilante, accionar para identificar y suprimir la trata y tráfico de personas de nuestro territorio. Al tiempo de, adoptar políticas públicas que permitan la inclusión social de las actuales víctimas, para permitir su inserción laboral y educativa, tal como plantea el Plan Nacional de Derechos Humanos, 2018-2022.
La realidad es desgarradora: “el tráfico de seres humanos y la introducción, paso y salida ilegal en diferentes países del mundo se ha convertido en un negocio que genera enormes beneficios para los traficantes y para los sindicatos del crimen organizado, que unido a los altos niveles de pobreza, desempleo y factores sociales y culturales, como la violencia hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes, la discriminación por sexo en la familia y en la comunidad, la feminización de la migración laboral en los países de origen, pueden obligar a los migrantes potenciales a recurrir a las redes del crimen”.
En materia legislativa hemos avanzado para reducir esta problemática, pero, es imperioso hacer mayores esfuerzos. Nuestra Carta Magna en su artículo 41, prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Asimismo, la Ley 37-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en su artículo 13, promueve el desarrollo de políticas con miras a prevenir y combatir la trata de personas, por ende, su explotación sexual y laboral. Acciones secundadas además, por la Ley General de Migración, Ley 285-04, y Reglamento Decreto 613-11.
De igual forma, la Constitución, también prevé en el artículo 42, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia., siendo protegido por el Estado en casos de amenaza, riesgo o violación. En consecuencia: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica. Sin embargo, a las víctimas le son violentados todos sus derechos fundamentales.
Asimismo, para accionar amparados a normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el desafío está en capacitar a las autoridades que trabajan en la prevención de la trata y tráfico.
Además, es necesario que el Estado recuerde su compromiso con la modernización del marco legal, el fortalecimiento del sistema de gestión y control de los flujos migratorios, de cara a las mejores prácticas internacionales y al respeto de los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Para poder vivir respetando y mejorando la libertad de los demás, como nos sugirió el gran activista y filántropo, Nelson Mandela.
No olvidemos que la participación social es importante para reducir este mal, por lo que, es necesaria la realización de campañas masivas de concienciación dirigida a la población en materia de trata y tráfico de personas, para que ejerzan ciudadanía social. También, fortalecimiento por parte del Estado, de las alianzas interinstitucionales y de colaboración para la erradicación y control de la trata y el tráfico. Así como, la creación de programas y mecanismos de atención integral a las víctimas de trata y tráfico.
El recordado independentista estadounidense, Thomas Jefferson, con su frase, “El precio de la libertad es la vigilancia eterna”, hoy ante esta problemática, nos llama a reflexionar.
La autora es educadora, periodista, abogada y locutora. Reside en Santo Domingo
